La Canaco reveló que hay un municipio donde se le pidieron 300 mil pesos anuales a un transportista, por el simple hecho de ingresar y descargar mercancía para surtir una tienda; en otro, pagaban 12 mil pesos por una licencia de funcionamiento y ahora el monto ya está en 28 mil 500 pesos.
Gabriela Jiménez/Ultimátum
VILLAHERMOSA
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Villahermosa otorgó de plazo hasta el mes de abril, a ocho ayuntamientos que continúan “avasallando” a los empresarios con cobros excesivos e incluso ilegales.
El presidente del organismo, Manuel Miranda Hernández, destacó que si para entonces no se logra un acuerdo, los afectados procederán a interponer amparos e incluso se organizarán para plantarse ante el Congreso del Estado de Tabasco para exigir la intervención de los diputados locales.
“Prefiero reservarme los nombres para evitar controversias, pero estamos esperando una respuesta de esos ocho alcaldes y alcaldesas. Nosotros queremos que nos expliquen en qué se basaron para subir de repente los costos”, acotó.
Como ejemplo, dijo que hay una demarcación donde el trienio pasado se pagaban 12 mil pesos por una licencia de funcionamiento y ahora el monto ya está en 28 mil 500 pesos.
El tema ha sido recurrente entre la iniciativa privada desde el año pasado y, aunque la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad (SEDEC) ha hecho recomendaciones a los presidentes municipales, la queja sigue presente.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Edgar Garduño Paz, señaló que los ediles se valen hasta de la Ley de Tránsito para justificarse; hay uno que pidió 300 mil pesos anuales a un transportista, por el simple hecho de ingresar y descargar mercancía para surtir una tienda.
Sobre el tema, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) Leonel Álvarez Cid, indicó que su sector tiene que desembolsar hasta 3 mil 600 pesos, por unidad, para poder entrar a un municipio, lo que genera pérdidas importantes.
Miranda Hernández sostuvo que esto no tendrá fin hasta que no se fijen topes en la ley y, de esta manera, se eviten “ocurrencias” cada tres años en que llegan nuevos gobiernos municipales.
