Gabriela Jiménez/Ultimátum
VILLAHERMOSA
La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Soraya Pérez Munguía, advirtió que los alcaldes que no cumplan con las sentencias en firme en materia de laudos laborales, podrían ser destituidos de sus cargos junto al resto de los integrantes de los cabildos y sus funcionarios.
Dijo que esto no es un “tema menor”, pues ya ocurrió en Tabasco en el pasado: en 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el arresto del exalcalde de Nacajuca Pedro Landero y de todos los que fueron sus regidores; y en 2018 procedió la destitución del exalcalde de Paraíso, Bernardo Barrada, su cabildo y directores de administración y finanzas.
Destacó que aunque sigan enviando solicitudes al Congreso local para que se les autoricen ampliaciones presupuestales, estas serán rechazadas porque simplemente no hay facultades legislativas para modificar los presupuestos.
“Ellos deben buscar márgenes para pagar, porque eso sí es una obligación. Hay sentencias y las sanciones en su caso son las destituciones de sus cargos”, expresó.
Agregó que esta situación deja ver que es necesario implementar un servicio civil de carrera en los ayuntamientos, para que los servidores públicos se profesionalicen, mantengan sus puestos por méritos y no se den cientos de despidos cada trienio.
Y es que los 17 ayuntamientos de Tabasco mantienen una deuda de más de mil 743 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).
El problema más grave lo tiene Jalpa de Méndez con 415 millones 931 mil pesos, lo que deja ver por qué ya van cuatro veces que la administración de Nuris López pide ampliación presupuestal al Congreso de Tabasco, aunque ha recibido un no como respuesta.
