Sigue sin darle solución a endeudamientos que datan desde 2005 lo que representa un daño a la hacienda pública por seis mil 500 millones de pesos; la administración actual debe a proveedores 458 millones.
Gabriela Jiménez/Ultimátum
VILLAHERMOSA
A pesar de que ya van más de tres años de gobierno de Morena, la deuda con los proveedores no ha podido ser resuelta y estos siguen esperando pagos que quedaron pendientes desde administraciones anteriores.
En el primer trimestre del 2022, la Secretaría de Finanzas reportó cuentas por pagar a corto plazo por un total de seis mil 500 millones 603 mil pesos y de este monto el 24.43 por ciento corresponde a proveedores.
De los mil 588 millones de pesos que deben entregarse a los empresarios que han vendido productos o servicios al Estado, un total de mil 129 millones 792 mil pesos son de una deuda que se generó de 2005 a 2015.
Otros 458 millones de pesos sí son para aquellos que hicieron acuerdos en el presente gobierno, ya sea cuando estaba al frente Adán Augusto López Hernández, hoy secretario de Gobernación, o bien durante el período de Carlos Manuel Merino Campos.
Este pasivo ya es añejo y en el sexenio de Núñez generó una serie de protestas que incluso llevaron a una demanda firmada por 115 proveedores, pero tras la salida del perredista no se supo más de ellos.
Sobre el tema, el senador Juan Manuel Fócil Pérez cuestionó dónde están los ahorros que tanto se presumen, tomando en cuenta que sigue habiendo pasivos que si bien, tienen su origen en otros años, es una obligación del gobierno estatal asumirlos.
“¿Dónde está el dinero?, ¿En qué cuenta se está depositando? estamos mal porque no hay transparencia de todo lo que dicen que hacen”, expresó.
Esperanza perdida
“De alguna u otra manera, todos han incumplido”, expresó Alberto Falconi de los Santos, expresidente de la Asociación de Proveedores de Tabasco (Provetab), al lamentar que a la fecha se siga debiendo lo que dejaron pendiente Andrés Granier Melo y Arturo Núñez Jiménez.
Dijo que actualmente sólo se reconoce la deuda del priista, pero en el caso del perredista, el asunto es más grave porque fue tan irregular que ni siquiera quedaron documentos que, por lo menos, hagan que se cuente ese dinero como un pasivo estatal, por lo que simplemente se ha omitido.
En ese sentido, estimó que por esas dos administraciones quedaron sin pagarse más de dos mil 50 millones de pesos en detrimento de poco más de 600 empresarios, por lo que muchos se fueron a la quiebra y hasta fueron vetados por haber demandado en 2015, cuando hasta se organizaron protestas.
Pero a tres años de que se actuó por la vía legal, la Secretaría de Finanzas admite que hay adeudos, pero no establece presupuesto para liquidarlos porque no asume la responsabilidad de lo que pasó en gobiernos pasados. Pero tampoco se actuó contra los exmandatarios.
Agregó que después de tantos años, lo único que se puede esperar es que continúen las largas: “¿cuándo van a pagar? Nunca, no van a pagar”, insistió.
Finalmente, agregó que la Ley de Adquisición no se ha acatado de manera adecuada, por lo que hay tantos problemas o se favorece a unos cuántos, mientras que quienes esperaban su dinero ya prácticamente perdieron la esperanza de recibirlo.
