Solo sancionarán a ex funcionarios responsables de la desaparición del expediente en el que constaban los presuntos actos ilícitos.
Redacción
La investigación conocida como la Casa Blanca, que involucró al expresidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y a la empresa Higa, concluyó sancionando sólo a los exfuncionarios identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos.
El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, resolvió que los indiciados únicamente deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).
La magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola determinó concederles lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal, esto, a pesar de la oposición de los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados, porque “el agravio causado lo resintió directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto en materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional”.
La resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021, y el pasado jueves 26 de mayo, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Ordriozola.
La impartidora de justicia concedió los beneficios de la suspensión condicional dentro de la resolución emitida en la Toca Penal 206/2021-NS —de la cual La Jornada tiene copia—, a José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas; a Jesús Antonio Suárez, ex director general de denuncias e investigaciones, y a Daniel Pérez Rueda, ex director General Adjunto de Investigaciones B, todos de la SFP, que tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada por la SFP en 2015.
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