De acuerdo a lo que sucede actualmente en la política del país, pareciera que México se encuentra en la antesala de un narcoestado. Actores políticos de diferentes partidos han denunciado la presencia del crimen organizado en la elección de 2021, y, en 2022, también.
El discurso del presidente López Obrador, relacionado con “proteger también la vida de presuntos delincuentes, que son seres humanos”, ha despertado la desconfianza del pueblo con respecto al régimen de la Cuarta Transformación.
A esto hay que sumarle la aceptación del jefe del Ejecutivo Federal de haber ordenado, en octubre de 2019, la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más importante de México. Además, no dudó en saludar de mano e intercambiar palabras con Consuelo Loera, mamá del criminal preso en Estados Unidos.
En estado cuyo gobierno, poder judicial y militar han sido infiltrados por cárteles de la droga, o donde el tráfico ilegal de drogas está dirigido de manera encubierta por elementos del gobierno, es a lo que se le llama narcoestado.
El asunto, en este sentido, se ha puesto cada día más candente, pues el pasado jueves el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y el expresidente de la Cámara de Diputados federal Porfirio Muñoz Ledo, declararon, en diferentes eventos, que existen sospechas de que entre López Obrador y el Cartel de Sinaloa hay una alianza.
En enero de 2022, los senadores Damián Zepeda y Miguel Ángel Mancera también hicieron declaraciones en las que pidieron a la Fiscalía General de la República que investigara esta situación, denunciada por la coalición opositora PAN-PRI-PRD ante la OEA y la CIDH, por la presunta intervención del narco en el proceso electoral de 2021.
De acuerdo a las estadísticas, en ese proceso se registraron alrededor de 90 asesinatos y 693 agresiones contra políticos y candidatos y se convirtió en el más violento de los últimos 20 años.
Se dijo que el crimen organizado había asignado candidatos y amenazó o asesinó a quienes eran contrarios a sus intereses. Además, se presumió que el día de la elección operó con levantones y llenado de urnas para asegurar triunfos de Morena en al menos siete estados de la República.
Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, también realizó una cruzada en 2021 para denunciar la presunta alianza entre Morena y el narco. Su primer acto fue ir a Palacio Nacional pero el presidente López Obrador no lo recibió y permaneció sentado en las afueras del edificio.
A partir de ahí, también acudió a diferentes instancias y medios de comunicación internacionales, para exhibir el peligro de la narcopolítica en México.
El asunto es que el tema ya está en la boca y en la conciencia de los actores y electores mexicanos en víspera de las elecciones en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.
Los más reciente fue lo declarado por el militante de izquierda Porfirio Muñoz Ledo, hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador durante muchos años en el movimiento democrático, quien aseguró que el presidente de México busca heredar el acuerdo contraído con el narco.
Sin embargo, dio a entender que a los criminales ya no le interesa el actual mandatario sino quién vaya a quedar y lo que les ofrezca el que vaya quedar en la Presidencia de la República en 2024.
Otro dato interesante es que en el sexenio de López Obrador han muerto 47 comunicadores y 94 defensores de derechos o activistas, y, el nivel de impunidad que prevalece supera más del 90 por ciento de los homicidios de periodistas y en un 99 por ciento en los de defensores de derechos humanos.
