Viviann Garpe/Ultimátum
VILLAHERMOSA
Efraín Rodríguez, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), habló con respecto al caso de la mujer asesinada a golpes por nombre en las inmediaciones del poblado Aquiles Serdán, quien dejó a un sujeto arrestado y puesto en manos de la autoridad para iniciar con las investigaciones, sin embargo, el delito imputado a Pedro “N”, exdelegado de aquel lugar, no fue bajo el concepto de feminicidio si no de homicidio calificado.
Ante estas declaraciones, el Codehutab recordó a la Fiscalía General del Estado que, por ley, desde el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en la que indica que todas las procuradurías y fiscalías de los estados están obligados a abrir una carpeta bajo el delito de feminicidio por la muerte violenta de una mujer.
Si sobre la marcha y la investigación, junto con los dictámenes y pruebas presentadas en el caso, se determina que no se puede proseguir bajo ese delito, entonces se puede reclasificar, agregó.
La FGE está obligada a hacer lo que dice la ley, no puede saltarse lo ya establecido solo porque no quiere que este caso entre a las estadísticas que mantienen al estado en los primeros lugares de feminicidios.
El asesor externó que llama la atención el empeño “en querer voltear la tortilla antes de que se siga quemando, cuando ya está quemada desde hace mucho tiempo”. El hecho que la carpeta no sea iniciada no quita en nada que los feminicidios son uno de los delitos persistentes en cualquier municipio de Tabasco.
“Las autoridades están oponiendo una resistencia irracional a la hora de abordar el tema de feminicidios, ya que, por ejemplo, en este caso, la fiscalía se niega a seguir con la resolución de la corte para iniciar este delito por feminicidio. El Poder Judicial del estado de Tabasco, a la hora de aplicar sentencias, oscilan entre los 30 años, una sentencia que no consideramos acorde con la gravedad del delito”, explicó.
Destacó que las sanciones que se están estableciendo son mínimas y lo que preocupa es que la muerte violenta de una mujer es uno de los delitos más graves y sea poco castigado, dejando vulnerable el sistema de justicia ante estos asaltos a la integridad de la sociedad.
