COLABORACIÓN INVITADA

Dinero sucio: compromiso seguro

Enriqueta Burelo/Ultimátum

El financiamiento privado a partidos, candidatos y can­didatas, coaliciones y can­didaturas independientes, está permitido por los organismos electorales cubriendo ciertas reglas, ello con el fin de evitar desvío de recursos públicos, ingreso de dine­ro sucio a la política, prácticas de lavado de dinero, inequidad en la contienda o que se evada la fisca­lización. Desafortunadamente tal como señala el estudio Dinero Bajo la Me­sa Financiamiento y Gasto Ilegal de Campañas políticas en México, coordinado por María Amparo Ca­sar, presidenta de Mexicanos Con­tra la Corrupción y la Impunidad y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, en las últimas elecciones para gobernador se ha superado hasta 10 veces el tope de gastos establecidos, los partidos prefieren pagar multas que respetar la ley.

Un caso concreto es el de el hoy Gobernador de Nuevo León Samuel Ruiz García, quien con 8 votos a favor y 3 en contra, el Consejo Ge­neral del Instituto Nacional Electo­ral (INE) fue multado con 448 mil 99 por haber recibido aportaciones económicas en especie de su esposa Mariana Rodríguez sin haberlas reportado a la autoridad. Además, por estas razones, se multo al par­tido Movimiento Ciudadano con 55 millones 400 mil pesos. En la campaña del 2021 a More­na se le detectó también que omi­tió reportar gastos por 607 mil 30 pesos, entre otros conceptos, por propagada, mensajes de video, es­pectaculares, bardas.

Casos famosos de otros procesos electorales fueron Monex, Amigos de Fox o el Pemexgate, reparto de monederos electrónicos, en los pri­meros dos, y financiamiento irregu­lar a la campaña de los candidatos presidenciales de 2000, Vicente Fox (PAN) y Francisco Labastida (PRI). En la presentación de los resul­tados del estudio Dinero bajo la Mesa, dijo Ugalde, presidente del 2003 al 2007 del Instituto Fede­ral Electoral de México, disuelto en 2014 para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE). El fondeo del dinero de las drogas ocurre en las campañas de zonas “donde está el crimen organizado”, como en los estados de Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas o Guerrero, y agregó que hay municipios donde el 100 % de los recursos que se gastan ilegal­mente en las campañas provienen del crimen organizado.

Aunque el estudio no se dedicó a indagar recursos provenientes del crimen organizado, “sí se en­contraron indicios de que finan­cia las campañas sobre todo en las pequeñas localidades del país “, apuntó. Destacó que en municipios mexicanos en los que el crimen or­ganizado no tiene presencia, el gas­to ilegal registrado en las campañas políticas proviene en un 70 % del desvío de recursos públicos y 30 % de fondos privados.

Al sistema de fiscalización del INE que ha sido perfeccionado rumbo al 2024 para detectar irre­gularidades en los financiamientos debe contar con dientes, es decir de procedimientos mas agiles para que la autoridad correspondiente actúe de inmediato para poner en marcha los procedimientos de in­vestigación. Es decir, que la Unidad de Inteli­gencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) o la Guardia Nacional (GN) inicien las indagaciones y que cuando se den casos en los que el INE en sus inves­tigaciones administrativas detecte irregularidades, exista una coordi­nación más ágil para la persecución y sanción.

La rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales del sistema electoral, aquel candidato o candidata que compruebe y justi­fique el uso de los recursos siempre tendrá mayor legitimidad que aquel que no lo haga. Si, además, no se informa sobre los recursos que se utilizan en actos políticos a las au­toridades fiscalizadoras correspon­dientes, esta conducta se considera un delito.

enriquetaburelomelgar@gmail.com