POR UNA #SOCIEDADHORIZONTAL

El discurso de la ministra

Armando Ríos Piter/Excélsior/Ultimátum

Al participar en la ceremonia por el 106 aniversario de la promul­gación de la Constitución de 1017, encabezada por el presidente López Obrador, la ministra Norma Piña se­ñaló en su discurso: “La in­dependencia es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, no es un privilegio de los jueces”. La ministra defendió la autono­mía judicial, la cual, dijo, “es el principio que garantiza la adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”. Pi­ña Hernández pidió respeto para los jueces. Señaló que es sano y necesario ponderar su actividad sobre las reso­luciones que emiten, así co­mo nunca perder de vista la independencia judicial, al considerar que es un pilar de la democracia del país. En este sentido, la presidente de la SCJN hizo énfasis en la defensa de la Constitución, para “promover, respetar, proteger y garantizar los de­rechos humanos”.

Tuve la oportunidad de comentar con mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM el menciona­do discurso. Lo dicho en ese foro fue relevante y signifi­cativo, especialmente ahora que existen preocupaciones de que el Poder Ejecutivo busca imponer su visión y voluntad por encima de los otros.

La posición de la minis­tra presidente contrasta con las posiciones que ha asumi­do AMLO: “Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces. Hay menos impunidad, sin duda, pero donde sigue habiendo no­toriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial, para libe­rar a personas que cometen delitos”. La postura ha sido mas agresiva aún, cuando los fallos de los juzgadores han contradicho los intere­ses políticos del mandata­rio. López Obrador ha sub­rayado que “la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes carac­terizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no re­sisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No repre­sentan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida como artificial en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo”.

Existe un debate profun­do. Por un lado, la preocupa­ción de que un poder busque imponerse por encima del otro, con las distorsiones in­herentes al sano equilibrio que debe preservar nuestro diseño constitucional. Por el otro, el señalamiento de que existen trastornos en nues­tra vida pública derivados de la corrupción, en este ca­so entre los juzgadores y to­da la cadena de procuración de justicia. Aunque AMLO ha sido incapaz de corregir este problema, su diagnósti­co es dificilmente debatible.

Para el investigador Mi­guel Carbonell, “La peor consecuencia de la corrup­ción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen”. Esto significa que los delitos cometidos no son sanciona­dos por una u otra causa. Se­gún el autor “la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distin­tos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fis­cales, jueces y responsables de las cárceles”. Para el aca­démico, “3 de 4 delitos no se denuncian”, de los denun­ciados, “ solamente se con­cluye la investigación mi­nisterial en el 4.55%”, pero solamente se pone a alguna persona a disposición de los jueces en el 1.6% de los ca­sos. “Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judicia­les alcanzan una cifra del 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99%”.

Desafortunadamente esto no fue el corazón de la discusión de esta semana, sino que la ministra Piña no se pusiera de pie para aplaudirle a AMLO. ¿Que tan extraviados y disminui­dos están los valores de la República, que un hecho tan intrascendente como éste causa algarabía entre opo­sitores del actual régimen y repudio entre sus segui­dores? Continuamos atra­pados en el terreno de un simbolismo silvestre.

Que bueno que Norma Piña defienda la indepen­dencia de los juzgadores frente a un poder ejecutivo que quiere ir más allá de lo que le permite la constitu­ción. No obstante, la misma entereza y convicción de­bemos de exigirle para que persiga y combata la terrible impunidad que distorsiona la confianza pública en la justicia, que por cierto su­fren amplísimos sectores de la población mexicana, espe­cialmente los de menores in­gresos. Para garantizar una sana convivencia y promo­ver la evolución del Estado Mexicano, ambas exigencias deben estructurar la pro­puesta de la #SociedadHo­rizontal: garantizar autono­mía, pero al mismo tiempo combatir la corrupción.

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