Recomendó a los socios de la caja popular San Juan Bosco que suspendan sus pagos en efectivo y depósitos en cualquier sucursal, porque las cuentas están congeladas y les pueden robar sus recursos
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ
El dinero de los socios ahorradores de la caja popular San Juan Bosco está seguro y protegido, solo hay que esperar que regrese el orden y la legalidad que depende de las autoridades judiciales que ya están investigando sobre el tema, para que se reactiven todas sus actividades normales, señaló Enoc Hernández Cruz, gerente general de esta institución. Entrevistado por Alejandro Moguel en las instalaciones del diario Ultimátum, el también representante legal de empresa explicó que las instalaciones fueron tomadas por un grupo de vándalos presuntamente enviados por José Antonio Flores López, Javier Valdiviezo Sánchez y Félix Carlos López Martínez, por citar solo algunos de los cómplices del daño financiero que le han hecho a la empresa desde hace 18 días.
Ante esta situación Hernández Cruz precisó que se han tomado medidas legales para proteger el capital de los ahorradores, así como para evitar consecuencias con instituciones fiscales, debido al incumplimiento de algunas obligaciones. La caja popular que se creó en 1987 en San Cristóbal desde hace 36 años con 30 socios y en la actualidad agrupa a cerca de 80 mil personas, de las cuales 60 mil son ahorradores mayores de 18 años y 20 mil menores de edad, enfrenta fue manejada a su antojo durante 35, 20 y 15 años por las personas mencionadas anteriormente y, a través de la ilegalidad, pretenden ahora perpetuarse en ese lugar, señaló.
Informó que el SAT autorizó desde este lunes que cuatro sucursales de San Cristóbal: María Auxiliadora, San Ramón, Mexicanos y Guadalupe permanezcan fuera de servicio por la contingencia que enfrentan. En este momento, agregó, no se puede llevar a cabo ningún tipo de movimiento financiero e cuanto a captación de ahorro o colocación de préstamos, porque fueron dados de baja ante el SAT, porque al estar congeladas las cuentas bancarias el dinero que los socios lleven en efectivo para ahorrar o pagar puede ser depositado en ninguna parte y entonces existe el riesgo de que se lo puedan robar. “Si llegas y pagas un préstamo pagas en efectivo, los que lo reciben no tienen a donde depositarlo porque las cuentas están congeladas y no se puede ingresar ni retirar dinero”, explicó.
De igual manera, añadió que “se lo pedimos al SAT porque los empleados se han prestado a recibir órdenes de este señor en la ilegalidad (José Antonio Flores López) y se están convirtiendo en cómplices por acción y por omisión, porque están engañando a los socios y para protegerlos decidimos mejor darle de baja de manera temporal y una vez que se restablezca la volvemos a reactivar”.
Si los empleados siguen dando el servicio desde ahora en adelante, ya no nos afectarán a la cooperativa sino cometerán delitos fiscales en perjuicio de la Federación, “y los tendría que denunciar el SAT por evasión fiscal, ya no nosotros”, dijo. “Lo estoy anunciando aquí para que los trabajadores cuiden su trabajo y eviten cometer delitos y al rato estén implicados en situaciones de legalidad”, recalcó el abogado. Pidió que no se presten para engañar a los socios, y, a estos les indicó que “no se preocupen por su ahorro, mejor tengan el dinero en su casa, porque si no corren el riesgo de que se lo roben y que luego no digan que no les avisamos, y segunda, les están mandando a cobrar con chavos en motocicleta, no sé sí sean “Motonetos”, pero les están llegando a cobrar amenazantes que vayan a pagar o les van a dar de baja en la cooperativa o los van a subir al buró de crédito o que va a subir el interés y mucha gente por el temor ha ido a pagar, pero ese dinero no ingresa a las cuentas”. En ese sentido recomendó a los socios que no vayan pues no están obligados, ya que hay una contingencia, existen denuncias penales de hechos que se está investigando y se va a proceder en contra de los responsables, en espera de que la Fiscalía General del Estado restablezca el orden, la legalidad y el Estado de derecho. “El día de hoy, incluso, recibí un correo de la Secretaría General de Gobierno donde me informan que ya intervino, porque nosotros le notificamos al gobernador del estado, donde nos dicen que ya el asunto lo están viendo el fiscal Olaf Gómez Hernández, para que en el uso de sus atribuciones y facultades llegue hasta sus últimas consecuencias y se investiguen los hechos que han sido denunciados”, comentó Hernández Cruz.
Asimismo, señaló que se le dio parte a todas las instancias y a la Comisión Nacional Bancaria se le informó que este no es un tema de gobernabilidad interna ni es diferencia entre socios, es un grupo que, por la vía violenta, se apoderó de las instalaciones de la institución, pero no quiere decir que ahora ellos sean los que la dirijan. “El hecho de que estén en el edifico no quiere decir que ellos sean los que dirijan a la cooperativa, simplemente están ocupando de manera ilegal unas instalaciones donde nos están afectado mucho”.
Explicó también que adentro del inmueble tienen sus equipos de cómputo, en los cuales se almacenan datos personales de todos los socios, toda la información administrativa, contable, fiscal y financiera, lo que los ha llevado a caer en una serie de incumplimientos, porque no tienen acceso a los equipos para poder pagar a tiempo los impuestos, cubrir las cuotas obrero patronales ante el IMSS e Infonavit, ni tampoco a la información para cumplir informes que les pide la Comisión Nacional Bancaria.
Como estamos cayendo en esos incumplimientos, recalcó, “para protegernos le informamos a esas instancias que en este momento no lo podemos hacer porque nuestras instalaciones están en poder de un grupo de vándalos que de manera violenta se apoderaron de nuestras instalaciones y no porque nosotros no queramos. “En el momento en que esto retorne al orden y la legalidad, vamos a reactivar todas nuestras obligaciones y contribuciones para cumplir ante todas las instancias con las que tenemos relación. “Nosotros no estamos actuando por capricho, simplemente que nos sujetemos a lo que marca la ley, las disposiciones reglamentarias, a que no nos conduzcamos por medio de la barbarie y la violencia, todo por el uso de la razón y el derecho, nada por la fuerza”, puntualizó.
