Irresponsablemente comprometen cerca de 100 millones de pesos con un abogado de Yajalón que les ofreció rescatarle sus privilegios
Leonardo Trujillo/Ultimátum
TGZ
De manera irresponsable y frívola, cerca de 100 millones de pesos de la Caja Popular San Juan Bosco, han comprometido el grupo de ex consejeros, Félix Carlos López Martínez y Javier Valdiviezo Sánchez, por concepto de asesoría jurídica profesional con el abogado de Yajalón Rodolfo Andrés Domínguez Constantino, para que les ayude a recuperar lo que consideran su negocio y los privilegios que les fue despojado -según dicen- desde el 17 de agosto de 2022.
Dicho leguleyo, quien con cinismo se burla de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado en su cuenta Facebook, por haberles boicoteado a través del juicio de amparo la Ley de Responsabilidad Patrimonial Estatal, en sus ansias de novillero se olvida que al dueño del rancho no se le puede ganar ni el saludo, mucho menos un tema de orden legal.
Envalentonado por estropearle una ley al Gobierno de Chiapas y al Poder Legislativo, “tengo el gusto de ser el abogado que generó la demanda de amparo que deriva en esta sentencia”, dice en su publicación, donde se burla de quienes participan en el proceso legislativo de las iniciativas de Ley que el titular del poder ejecutivo envía al Congreso del Estado.
Este abogado de marras, fue en el pasado reciente encargado de la Dirección del Archivo General y Notarias del Estado, donde se confabuló con el Notario Público número 136 Alejandro Orantes Coello (fallecido), para defraudar con escrituras apócrifas a cientos de personas de bajos recursos económicos de San Cristóbal de Las Casas, quienes pagaron de 3 a 65 mil pesos para regularizar escrituras y nunca lograron su objetivo, según lo denunció ante la prensa Evangelina Gómez Gutiérrez, en representación de los afectados.
Las familias afectadas por la ineptitud y la corrupción, denunciaron haber pagado de 3 hasta 65 mil pesos por escritura y no recibieron nada, en esta denuncia se encuentra involucrado Rodolfo Domínguez.
Las más de 200 familias afectadas pertenecen al Barrio de María Auxiliadora, El Relicario, La Garita, Barrio de Guadalupe y de la Colonia 31 de Marzo, entre otras, según lo denunció el profesor Ranulfo Ruiz Pérez, del Comité de Colonias de la zona Sur de San Cristóbal (Cocosur).
Al documentarse las denuncias de corrupción, tráfico de influencias y por obtener ingresos millonarios para favorecer dictámenes donde tenía conflictos de intereses, violando así la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el Gobernador del Estado ordenó detener a funcionarios de esa área de la Secretaría de Gobierno.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, detuvo a cinco ex funcionarios acusados de tráfico de influencias, entre los que se encontraba Giovanny Alexander Campos Amaya, el ex subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno de Chiapas.
Hoy en el anonimato del desempleo, Rodolfo Domínguez Constantino, acostumbrado a “los grandes negocios” logró que un grupo de personas que perdieron su calidad de socios y de directivos en la Caja Popular San Juan Bosco, le firmaran un contrato leonino y con cláusulas abusivas, donde se establece que, de ganar el litigio para recuperarles su empresa, él recibirá un pago por honorarios de aproximadamente 100 millones de pesos.
Para fortuna de la Cooperativa y de los Socios, el grupo que firmó a nombre de la Caja ese contrato ya no son socios, mucho menos directivos y en caso de que el tema se vaya a litigio, los juicios ordinarios mercantiles podrían extenderse por varios años y mientras eso suceda, los ex consejeros deberán pagar de su bolsa todos los gastos y costos que este abogado les vaya exigiendo o corren el riesgo que quiera negociar el tema para su beneficio con el actual Consejo de Administración y ahí dejaría tirados a quienes hoy lo ven como su última carta para recuperar lo que a boca llena llaman “nuestro negocio”.
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