Abrogar Ley de Imprenta de 1917, insuficiente
Víctor Manuel Cruz Roque/Ultimátum
La abrogación de la llamada Ley de Imprenta por parte del Senado de la República, como sucedió este miércoles, es solamente un paso para crear las condiciones propicias y necesarias afín de garantizar las libertades, especialmente la de expresión.
En efecto, la Cámara Alta del Congreso de la Unión, cesó vigencia de la premisa Constitucional instituida en 1917 y que fue decretada por el entonces presidente Venustiano Carranza. El pleno senatorial, con 92 votos a favor, consideró obsoleta—y valla que lo es—esa disposición, por considerar—a destiempo, obviamente—que con ella se amenazaba desde el poder a los medios y periodistas en el ejercicio de sus funciones profesionales. Tuvieron que pasar 2 años y medio, para que la co-legisladora diera el trámite correspondiente, mismo que había sido avalado por la paralela de diputados desde el 2020, es decir ya en la estadía en el poder del proceso político denominado Cuarta Transformación del país.
Más vale tarde que nunca, reza la sabiduría popular, sin que esto exima a quienes promueven y pretenden reformar la vida pública nacional. Se infiere que todo ese tiempo en que la iniciativa estuvo en “la congeladora”, los miembros del clan gobernante estuvieron de acuerdo con su vigencia, pues de lo contrario desde que se sometió a revisión se hubiese abrogado inmediatamente. Pero bueno, sus razones habrán de tener para esta omisión.
Aún con todo ello, sin duda alguna es un paso importante sí, pero insuficiente. Esto ocurre cuando existen polémicas y desacuerdos sobre el tratamiento que desde la cúspide del poder político del país, se cuestiona autoritariamente a los medios de comunicación y a la comunidad de periodistas en informadores en general, que no son afines a los intereses oficiales, y se hace con sindicaciones que rayan en las amenazas veladas llegando al extremo del linchamiento desde espacios como el de “la mañanera”, expresiones que son replicadas por voceros oficiosos y comprometidos con el actual régimen gobernante.
México es considerado como altamente riesgoso y peligroso para el ejercicio periodístico, y las cifras de agravios que van desde amenazas, desapariciones y asesinatos es alarmante. Bástenos conocer que de acuerdo a la organización Artículo 19, en el territorio nacional del 2000 a la fecha se han documentado 157 asesinatos de periodistas en México, por causas altamente probables por su desempeño. De esta cifra, 145 son hombres y 12 son mujeres. Esto sin contabilizar las agresiones, intimidaciones y otras formas de intentos para acallar a las voces críticas al trabajo gubernamental o, como están las cosas en México, a las acciones que realizan individuos o grupos, incluidos en primer lugar los delincuenciales.
En estricto sentido de justicia y congruencia, también debe reconocerse que por parte de las y los comunicadores, hace falta también que se diseñen especies de códigos de ética o lineamientos de profesionalización, esto para cumplir con las exigencias de ofrecer un trabajo serio y responsable, acorde a lo que exige la sociedad, porque tampoco se trata de generar privilegios o conductas excepcionales, como no debe ocurrir en ningún sector social, obviamente con las predisposiciones de que el periodismo es una actividad altamente sensible cuya materia prima es precisamente la libertad de expresión sin restricciones ni cortapisas de ninguna índole.
Esta y otras medidas deben ser integrales.
Es todo, gracias.
vmcruzroque@hotmail.com
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