Pacto vergonzoso
Alejandro Moguel/Ultimátum
Pareciera ser que la conveniencia une a los partidos políticos oficialistas y sus opositores, y ese ya es un terreno peligroso. Los ciudadanos hemos estado exigiendo, casi a gritos, que existan contrapesos para que no se extralimite ninguno de los tres poderes de la unión. Que nada vaya en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, pero hoy diputados federales están discutiendo un tema que podría dejar indefensos a miles de ciudadanos mexicanos.
Se trata de lo siguiente: legisladores federales del PRI, PAN, Morena, PT, PVEM y del PRD tienen la intención de acotar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de derechos políticos y dejar un tribunal a modo. Movimiento Ciudadano no está de acuerdo con ese asunto.
Se trata de una reforma constitucional que, de ser aprobada, impedirá que progresen los juicios de derechos políticos promovidos por mujeres, personas con discapacidad, personas transgénero, migrantes e indígenas. Se limitarán las acciones afirmativas que los incluían en la reglamentación del INE y que fueron ratificados por el TEPJF.
Las reformas también amarrarían las manos a los militantes inconformes con procesos internos sobre la elección de dirigentes.
Esa reforma constitucional beneficiaría a líderes de partidos políticos, como Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y a Mario Delgado de Morena quienes desean prolongar sus periodos regulares, violando los estatutos de sus partidos, con la intención de que ellos tengan la posibilidad de negociar las candidaturas a puestos de elección popular en el 2024.
De acuerdo con expertos en materia electoral, esa reforma dejaría indefensos a miles de ciudadanos que participan en actividades políticas porque no podrán defenderse de líderes partidistas quienes regularmente autorizan la inscripción de candidatos y candidatas de su preferencia y dejan fuera a aquellos que se comportan en forma autónoma e independiente. Éstos, al sentirse agraviados, recurren a ese TEPJF a reclamar sean restituidos sus derechos políticos y eventualmente lo logran.
De la misma manera, acuden a ese Tribunal mujeres, discapacitados, personas transgénero, migrantes, indígenas o jóvenes que han sido excluidos de las listas de candidaturas. Con esa reforma, los agraviados ya no lo podrán hacer o si lo hacen, el TEPJF ya no podrá emitir juicios de protección a sus derechos políticos porque no tendrán elementos constitucionales a la mano.
El tema está en manos de los diputados federales y ya lo habían cocinado por aprobarlo en el pleno antes de la Semana Santa. Sin embargo, como hubo muchos reclamos en redes sociales, frenaron el tema y lo pasaron para que sea llevado al pleno de hoy martes.
Luego de varias confrontaciones por las decisiones y sentencias, el grupo parlamentario de Morena anunció desde febrero pasado que impulsaría una reforma constitucional para definir con toda claridad cuáles son las funciones del Tribunal en materia electoral sin invadir las atribuciones que corresponden solo a la Cámara de Diputados.
El proyecto legislativo propone eliminar las acciones afirmativas, que han dado equidad de género en favor de las mujeres, también se borraría la representación política a diversos grupos minoritarios como personas con discapacidad o comunidades indígenas.
El proceso legislativo no será fácil. En caso de que el Congreso apruebe esa reforma, el dictamen tendrá que pasar al Senado y, finalmente, requerirá de la aprobación de por lo menos 17 congresos estatales.
alexmoguels@hotmail.com
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