La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que no se sabe bajo que reglas se van a llevar a cabo los procesos, así como tampoco si van a empezar en septiembre o en noviembre, “con juntas distritales o sin juntas distritales”
Eugenio Hernández Sasso/UltimátumTGZ
Organizar elecciones en Chiapas es un reto, afirmó Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a particularidades complejas que tiene la entidad, como sus usos y costumbres, los distritos indígenas y la redistritación que ya se concluyó, pero que se realizan los últimos ajustes previos al proceso, como el cambio de domicilio de una Junta Distrital en Tuxtla Gutiérrez.
Entrevistada por Alejandro Moguel y Javier Guízar en los estudios del diario Ultimátum, Rodríguez Sánchez comentó que Chiapas cuenta, entre otras particularidades, con ser una entidad muy participativa, con algunos conflictos políticos y sociales que inciden en la organización de un proceso.
Adicionalmente, añadió, se cuenta con un nuevo distrito indígena donde solamente podrán postularse candidatos naturales por todos los partidos políticos.
En el proceso electoral de 2024, señaló la funcionaria federal, también enfrentarán el desafío de una reforma electoral que está suspendida provisionalmente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actualmente se trabaja con las reglas anteriores.
Esto implica un modelo de trabajo que ya se ha realizado, pero hay que esperar la suspensión definitiva, si es que se declara la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), aclaró.
Con las reglas actuales, afirmó, se empezaría el proceso electoral en septiembre, y con las reformas hasta ahora impugnadas se haría hasta noviembre, lo cual significa un gran reto para organizar las elecciones de 2024, tanto en lo federal como en lo local.
Dijo que las particularidades de Chiapas hacen que el reto personal sea distinto a los que ha vivido en Quintana Roo y Baja California, pues por principio de cuentas la entidad tiene 13 distritos y un cúmulo de problemáticas que se han generado a lo largo del tiempo.
Sin embargo, no es una situación desconectada de lo que pasa en todo el país, ya que la inseguridad, por ejemplo, influye de una manera u otra en el ánimo de la ciudadanía para salir a votar.
FOCOS ROJOS
Dijo que los municipios de Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa están señalados como “zonas de atención especial”, pues no se han podido llevar a cabo elecciones en los últimos procesos que fueron anulados.
Se tienen identificadas, además, algunas situaciones que le han comunicado los vocales distritales y en esas zonas se ha puesto atención especial para hacer los trabajos correspondientes, una vez que inicie el proceso electoral.
Reconoció que algunos problemas son por cuestiones de seguridad pública, pero, en ese sentido, el INE buscará las condiciones necesarias con las instancias correspondientes, para generar el clima propicio para desarrollar su trabajo oportunamente.
Señaló que aún con la incertidumbre que ha provocado la reforma electoral, la institución tiene que dar certeza a la ciudadanía, porque en este momento no se sabe bajo que reglas se van a llevar a cabo las elecciones, así como tampoco si van a empezar en septiembre o en noviembre, “con juntas distritales o sin juntas distritales”.
En cuanto a la simulación que se ha vivido en la postulación de candidatos naturales para los distritos indígenas, manifestó que ahora se deben designar verdaderos representantes de las etnias por todos los partidos políticos.
Señaló, en ese sentido, que las condiciones que debe reunir un candidato indígena para registrarse como tal, estarán previstas por un acuerdo del Consejo General del INE.
Para ello ya se hizo una consulta previa, a efecto de conocer cuáles serán los requisitos.
REFORMA CONTRA EL TEPJF
Respecto a la discusión que se desarrolla en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para reformar la Constitución y acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia electoral, dijo que desde antes del Plan B ya se tenía contemplada una serie de modificaciones para evitar que se extralimite, según legisladores, en sus atribuciones y prácticamente se aplique de manera literal la ley, “cuando sabemos que la ley no puede ser aplicada de manera literal, tiene que haber interpretaciones”.
Evidentemente, agregó, esta reforma constitucional busca impactar al TEPJF y si hay acuerdo entre todas las fuerzas políticas, excepto Movimiento Ciudadano (MC), “yo creo que es porque se beneficia a todos”.
Consideró que se debe respetar y maximizar la división de poderes y, evidentemente, el Legislativo tiene la facultad de legislar, el jurisdiccional de aplicar la ley, “pero siempre creo que en beneficio de la ciudadanía, eso no deberían de perder de vista los legisladores para que el juzgador tenga los elementos suficientes de que si hay una conducta que no está prevista legalmente pueda hacerla valer y se regrese al cauce legal.
COLABORACIÓN ESTRECHA
En cuanto a la colaboración entre instituciones federales y estatales en materia de elecciones afirmó que “debe ser estrecha”, porque al ser concurrente solamente se instalará una mesa directiva de casilla en la que se recibirá la votación federal y local.
“Debemos de trabajar de la mano, instalamos casillas con los funcionarios que capacita el INE, en lugares donde el INE consigue las anuencias para instalarlas y tenemos una clara definición de atribuciones para el INE y para el OPLE. Nosotros asumimos la responsabilidad cabalmente y básicamente es la credencial de elector y el listado que se otorga al funcionario para verificar”, declaró.
Asimismo, si entran en vigor las reformas del Plan B que hasta ahora están impugnas, consideró que se rescataría personal del servicio profesional de carrera para trabajar de manera eventual.
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