QUEBRADERO

Regresiones

Javier Solórzano Zinser/La Razón de México/Ultimátum

No hay signos de que el Pre­sidente esté por la ciuda­danización de la políti­ca. Más bien coloca a la partidocracia como eje para la vida del país. Poco importa la deteriorada relación entre ciudadanos y partidos, si bien éstos siguen siendo el punto de partida para acceder en procesos democráticos a la gobernabilidad. Es claro que, a pesar de ello, las cosas han cambiado significativamente.

Los ciudadanos han venido op­tando por personas más que por su pertenencia a algún partido político. Los instrumentos que se han cons­truido con particular determina­ción ciudadana se están tratando de desarticular para que regresen a los ámbitos de gobierno o que de algu­na manera se pueda tener el control sobre ellos. Esto es exactamente lo contrario, por lo cual se luchó a lo largo de años, debido a que los go­biernos terminaban siendo juez y parte, vivíamos tiempos de un auto­ritarismo velado.

El Presidente ha querido colocar en los institutos autónomos y en la Corte a personajes que le sean fie­les y “leales”. En algún sentido ha ido logrando ubicarlos, pero resulta que cuando los “elegidos” actúan en función de sus principios y conoci­mientos acaban siendo vistos como “desleales”.

Lo que quiere el Presidente es gente a su disposición más que quien cumpla con las funciones para las cuales se les designa.

Una vez más aparecen las pa­radojas. No es lo mismo estar en el gobierno que ser oposición y esto aplica para todos, y por lo que se ve en el terreno de los hechos, todos son iguales. Quienes hoy gobiernan cuando estaban en sus tiempos de oposición luchaban denodadamen­te y con razón por ciudadanizar los procesos políticos, poniendo én­fasis en la importancia en que las instituciones autónomas debieran encargarse del desarrollo de las elec­ciones y que los tribunales diseña­dos exprofeso generaran confianza ciudadana para ser la última puerta en donde se pudieran resolver las impugnaciones que inevitablemen­te se presentan en los procesos elec­torales.

Sin embargo, la mirada de las co­sas ha cambiado. El ataque en contra de los institutos autónomos y contra el TEPJF es la manifestación de que más que estar buscando una reorga­nización que permita una mayor par­ticipación ciudadana, da la impresión que lo que se quiere es apoderarse de estas instancias que tanto han aporta­do a la democracia entrando además en los terrenos del austericidio.

Lo que llama la atención es que en Morena o entre los simpatizantes de la 4T, no surjan voces que señalen la importancia de fortalecer a las ins­tancias electorales más que buscar desarticularlas. Las consecuencias se nos vendrán encima, porque en el proceso electoral del 2024 podríamos caer en una confrontación de riesgo sin tener instancias para dirimir los problemas y las controversias que son parte intrínseca de las elecciones.

Estas regresiones pueden estar siendo vistas como un avance, siendo que nos van colocando en condiciones de riesgo para la democracia. Es bajo esta perspectiva que las instituciones creadas por consenso para dirimir nuestras diferencias y para que en el marco de la ley se definan las cosas están siendo no casualmente cues­tionadas.

No se les ve como instancias en donde dirimamos diferencias y en las cuales se aboque a investigar y anali­zar demandas, amparos y todos los elementos legales que eventualmente permitan impugnar las propuestas que se establecen desde el ejercicio del poder.

En esto estamos y estaremos. Di­namitar y desarticular nuestras insti­tuciones es dinamitar y desarticular nuestra democracia.

RESQUICIOS

La consideración del ministro Juan Luis Gutiérrez Alcántara de declarar inconstitucional la trans­ferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, debido a que es una acción que no garantiza las funciones de la GN de carácter civil, va a sacar rayos y centellas. Para quien reclame está el artículo 21 de la Constitución.