Un fuerte debate entre las diferentes bancadas partidistas en el Congreso de la Unión se prevé ante el posible cambio de nombre del Instituto Nacional de Migración (INM), para crear la Coordinación Nacional de Migración y Extranjería.
A semejanza de otras discusiones de los legisladores, podemos vaticinar que habrá gritos, sombrerazos, mentadas y todo tipo de agresiones que han convertido los debates legislativos en pleitos de mercado.
“Va a haber una discusión política muy fuerte para ver quién se lleva la primicia del cambio de ley de migración y la creación de la nueva, que sería ya la apuesta que está haciendo el gobierno federal, que la ley de migración desaparezca y se cree otra nueva y que le dé luz a la Coordinación Nacional de Migración y Extranjería”, señaló el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco.
En una entrevista, publicada en Excélsior, Carrasco sostuvo que uno de los principales problemas que está viendo es que las bancadas de los diferentes partidos políticos, pero también diputados y senadores en forma particular, están proponiendo diferentes cambios o ajustes a la ley de migración.
Un elemento que elevará el tono de la confrontación entre políticos chairos y antimorenistas será el juicio que se le siga a Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, que ha sido mantenido en su cargo, a pesar de la demanda generalizada, que incluye a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, para que sea destituido.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han señalado que el funcionario se mantendrá en su cargo hasta que no exista una resolución judicial que lo inhabilite.
Por lo pronto, la senadora Lilly Téllez ya ofreció un adelanto del nivel en que se darán los debates en torno a los cambios en el INM, al advertir que al principal promotor de la reforma, el padre Alejandro Solalinde, “no se le debe decir padre Solalinde, es un demonio y ha sido acusado de beneficiarse del tráfico de migrantes y él van a poner el negocio negro del tráfico de migrantes”.
En otras palabras, el debate legislativo ofrece una interesante propuesta para el respetable, en donde no se escatimarán los adjetivos calificativos y se ventilarán todos los trapos sucios del INM.
Mientras tanto, Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, fue llamado a comparecer el próximo 21 de abril ante un juez de distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General de la República (FGR) señalará al comisionado por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.
En la audiencia inicial de formulación de imputación, que se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, Garduño tendrá que responder por los hechos que ocasionaron la muerte de 30 personas en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, el pasado 28 de marzo.
El agente del Ministerio Público Federal solicitó que la audiencia se llevara a cabo a través de videoconferencia, pero Silvia Alejandra Gutiérrez Tristán, administradora del Centro de Justicia Penal, rechazó la solicitud y pidió a las autoridades judiciales estar preparada en caso de que Garduño se declare culpable en un procedimiento abreviado o negocie un acuerdo reparatorio con las víctimas.
De ser declarado culpable del delito del que se le acusa: ejercicio ilícito de servicio público, Garduño podría alcanzar una pena de entre dos a siete años de prisión. Sin embargo, por un ilícito no grave, el funcionario podría seguir su juicio en libertad.
El delito del que se acusa a Garduño está definido en el artículo 214 fracción VI del Código Penal Federal como el que se comete un servidor público cuya negligencia “propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”. Se trata del mismo delito del que se acusó a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien estuvo recluida tres años en el penal de Santa Martha Acatitla, hasta que fue liberada el 19 de agosto de 2022, después de que un juez de control cambió la medida de prisión preventiva a medidas cautelares. RDM
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