Damián Montes/Ultimátum
TGZ
De acuerdo con el estudio “Resiliencia de las Mujeres Indígenas y Rurales a los impactos de la COVID-19, existe una falta de acceso a la justicia motivada principalmente por el desconocimiento y poco o nulo acompañamiento gubernamental a mujeres indígenas. En el estudio realizado por la SEIGEN, se detalla que, en comunidades indígenas de los altos de Chiapas el 77% de las mujeres no saber cuáles son los canales y servicios de acceso a justicia que ofrece el gobierno.
Además, el 70% de las mujeres no pide ayuda a pesar de haber sufrido violencia por parte de un familiar. En los pocos casos que han hecho, ha sido a familiares cercanos (26%), a amigas o conocidas (3%) y en una mínima proporción a un juzgado (1%). Aun cuando para ellas es importante recibir o tener información el 84% afirmó no haber recibido algún material sobre cómo se puede obtener acceso a la justicia en caso de sufrir algún tipo de violencia.
En ese mismo tenor, en los grupos focales las mujeres no mencionan hallar soluciones para acceder a justicia, en caso de ser víctimas de violencia. Si bien tienen acceso a los juzgados, una vez que se acercan a ellos comentan obstáculos para proceder. Por ejemplo, el documento evidencia que el “trámite les resulta muy complicado o, mencionó una mujer, el propio juez comparte el pensamiento de que los hombres mandan”. Aparte de los juzgados, las mujeres no identifican otros centros de ayuda.
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