RAZONES

Dos choques: la Corte y el Pentágono

Jorge Fernández Menéndez/Excélsior/Ultimátum

Me temo que todo el anda­miaje de se­guridad de la administración federal pue­de desmoronarse con mayor facilidad de lo que algunos creen y en esa lógica pare­ciera que el presidente López Obrador, ya en plena diná­mica 2024, está dispuesto a dinamitar puentes en forma por demás riesgosa.

La resolución de la Su­prema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de 8 de los 11 ministros del ple­no, rechazando por incons­titucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Na­cional, obliga al gobierno a replantearse toda la estruc­tura e incluso la estrategia de seguridad implementada, con poco éxito, por cierto, en este sexenio.

Todo se ha construido en torno a la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y, sobre todo, en la creación de la Guardia Nacional y su incorporación a la Sedena con el argumento, en ese sentido falso, de que de otra forma “se corromperá com­pletamente”. Pues la tarea ahora para el Presidente en los 17 meses que le quedan de mandato, pero sobre to­do para quien sea su sucesor o sucesora, es definir un es­quema de seguridad con una Guardia Nacional de carác­ter civil.

Por supuesto que se pue­de apelar a la simulación y continuar de hecho con una estructura institucional que resulte ficticia. Pero no creo que una vez resuelto ese te­ma ayer en la Corte se pueda seguir transitando de la mis­ma manera.

Soy un convencido de que se debe mantener a las fuer­zas militares en la seguridad, no sólo porque es necesario, sino porque no tenemos otra alternativa en el corto o me­diano plazo. Tampoco me parece mal que la Guardia Nacional, una institución que ya tiene más de cien mil elementos, esté bajo mando militar porque su estructura, sus mandos, su presupuesto, provienen de la Defensa.

El problema, como ha ocurrido a lo largo del sexe­nio, es que en lugar de nego­ciar cambios legales y cons­titucionales que permitieran darle forma legal a esa par­ticipación, una forma legal que sirviera, además, para proteger, para darles respal­do legal, a las propias fuerzas militares y sus mandos en sus actividades contra el crimen, se optó por tratar de impo­ner primero una fracasada reforma constitucional y, después, una ley que violaba la propia reforma constitu­cional que se había logrado (todavía eran tiempos de en­contrar consensos) en 2019, que declaraba que la Guardia Nacional sería civil y ponía límites a la participación mi­litar en seguridad.

La participación civil en la GN prácticamente desa­pareció e incluso los dos se­cretarios del área, primero Alfonso Durazo y luego Rosa Icela Rodríguez, no tuvieron mando formal alguno sobre las fuerzas de la Guardia Nacional. Luego de la salida de Ricardo Mejía, llegó a la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el excomandante de la Guardia Nacional, el general en retiro Luis Rodríguez Bucio y desde allí se da la coordinación con los mandos militares y la GN.

Pero desde la salida de Julio Scherer Ibarra de la consejería jurídica también se optó por romper amarras con el Congreso, incluso con Ricardo Monreal en el Se­nado, no negociar nada con las oposiciones, y, además, se perdió interlocución con la Suprema Corte y el Poder Judicial, donde incluso se llevó la confrontación a lí­mites insospechados luego de la elección de la ministra Norma Piña como presiden­ta y, desde entonces, rotos los diálogos, la constante ha si­do un retroceso tras otro del gobierno. Lo sucedido ayer con la Guardia Nacional es el preámbulo de lo que pro­bablemente ocurrirá en la Corte con el plan B electoral en los próximos días.

Mientras tanto, el go­bierno federal ha decidido confrontarse con Estados Unidos. Esta semana el pre­sidente López Obrador ha aumentado el tono del con­flicto, ha calificado la infil­tración de agentes de la DEA en la organización criminal transnacional de Los Cha­pitos como “una intromi­sión grosera y prepotente”, ha dicho que “no confía” en la DEA, puso en duda las me­didas de colaboración y ayer fue mucho más allá: aseguró que el Pentágono, o el mando militar estadunidense, es el que hace espionaje contra las secretarías de la Defensa y la Marina en México.

Para el Presidente, las filtraciones, el robo de do­cumentos del grupo Guaca­maya, los cables sobre dife­rencias entre la Defensa y la Marina, difundidos en una filtración masiva de docu­mentos hace varios días en Estados Unidos, son parte del trabajo de espionaje que hace el Pentágono contra las fuerzas militares mexicanas. Es una acusación gravísima que, además, se hace sin una sola prueba que la sustente.

No dudo que detrás de Guacamaya pueda estar al­gún servicio de inteligencia o un grupo de hackers inter­nacionales, no lo sabemos. Pero acusar directamente al Pentágono no tiene sentido, cuando incluso ese tipo de labor, si se da, la realizan ge­neralmente otras agencias. Menos aun cuando, hasta hace muy poco, la mejor relación bilateral en temas de seguridad entre México y Estados Unidos se daba, no sé si algo habrá cambiado muy recientemente, entre las fuerzas armadas estaduni­denses y las mexicanas.

El propio jefe del Coman­do Norte, el general Van­Herck, incluso cuando dijo que 35 por ciento del terri­torio mexicano estaba con­trolado por el narcotráfico, les aclaró a los senadores de su país que la relación con el Ejército mexicano era “mag­nífica”, con un intercambio muy intenso de todo tipo.

Distanciarse de la DEA tiene poco sentido, pero es manejable: calificar de “de­partamentito, conservador e intervencionista” al Depar­tamento de Estado es poco sensato, pero romper con el Pentágono y las fuerzas ar­madas de Estados Unidos es suicida.