Que Garduño se queda en INM y sólo irá a firmar al juzgado
Ricardo del Muro/Ultimátum
El presidente López Obrador menciona con frecuencia una frase que atribuye a Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Y así ha sucedido con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, que mantiene su cargo, a pesar de que continúa abierto un proceso en su contra, porque el juez no consideró necesaria la separación de su cargo, pero tendrá que acudir periódicamente al juzgado a firmar el libro de actas.
La imputación judicial y el proceso en contra de Garduño, por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de 40 migrantes y lesiones a otros 28 en Ciudad Juárez, Chihuahua, “no lo distrae” en sus funciones al frente del INM, afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Al encabezar la conferencia mañanera del martes en ausencia del presidente López Obrador, quien se encuentra en reposo a causa de un contagio de Covid – 19, el encargado de la política interior del país respondió a preguntas en torno al proceso contra el comisionado Garduño Yáñez, cuya audiencia se celebró el martes en Ciudad Juárez.
Destacó que aun cuando la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga los hechos, solicitó la separación del cargo del titular del INM, el juez no aceptó esa petición. “Afrontará esta etapa procesal, como es también su garantía constitucional, en libertad (…) Se mantiene en ejercicio de su cargo, manteniendo los asuntos del ejercicio del mismo. No le quita tiempo”.
Ante las caras de sorpresa e incredulidad de los reporteros, el secretario de Gobernación dijo que a Garduño se le fijo una medida cautelar como parte del proceso, que es que tendrá que acudir periódicamente al juzgado a firmar el libro de actas, pero consideró que como el comisionado recorre habitualmente varios estados del país, podrá abrirse tiempo para cumplir con esa obligación de ley.
Efectivamente, el martes se celebró la audiencia inicial a la cual fue citado Garduño en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. La audiencia fue presidida por el juez Víctor Hernández Calderón. Después de que se dio lectura a la imputación por parte del Ministerio Público, Garduño se reservó su derecho a declarar.
Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la prisión preventiva; sin embargo, el juez la consideró desproporcionada y excesiva.
“Los funcionarios han cumplido con el apoyo a las víctimas y en el desarrollo de la investigación, por lo tanto, no había una razón para tener prisión preventiva”, dijo en entrevistas con los medios.
Agregó que en la audiencia la FGR solicitó también la separación del cargo de Garduño como comisionado, así como la vigilancia y prohibición de salir del país.
“También se hicieron los argumentos correspondientes en la audiencia y el juez (…) consideró infundada la petición de suspenderlo del cargo y que no pudiera salir del país, porque es necesario porque lleva una función con autoridades sobre todo de Estados Unidos”, resaltó el abogado de Garduño.
La FGR acusó a Garduño de ejercicio ilícito del servicio público, por “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, dicho delito se sanciona con uno a siete años de prisión y hasta con 50 días de multa.
Por otra parte, ese mismo día, el juez José Avelino Córdova decidió vincular a proceso a Antonio Molina, director general de Control y Verificación Migratoria del INM. A semejanza de Garduño, su subalterno continuará su proceso en libertad.
El colegiado ordenó, como medida cautelar, que Molina Díaz se presente cada mes ante las autoridades a firmar y le prohibió salir del país. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
No todos los implicados han tenido la misma buena suerte de los agraciados Garduño y Molina. Así cayeron en desgracia el contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, quien se encuentra en prisión preventiva, en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión.
También están en prisión preventiva otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente comenzó el incendio. Es decir, estamos ante un caso que marcará precedente en los procesos judiciales, donde al parecer unos jueces son comprensivos, amigables y bonachones, mientras que otros aplican la ley a secas.
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