• Aviso de Privacidad
Ultimatum Chiapas
  • Noticias
    • Chiapas
    • Nacional
    • Municipios
    • Editorial
  • Opiniones
  • Policiacas
  • Deportes
  • Entretenimiento
  • Tecnología
No Result
Ver todos los resultados
  • Noticias
    • Chiapas
    • Nacional
    • Municipios
    • Editorial
  • Opiniones
  • Policiacas
  • Deportes
  • Entretenimiento
  • Tecnología
No Result
Ver todos los resultados
Ultimatum Chiapas
No Result
Ver todos los resultados
Inicio Opiniones ACA ENTRE NOS

ACÁ ENTRE NOS

4 de mayo de 2023
en ACA ENTRE NOS, Opiniones
ACÁ ENTRE NOS
Compartir en FacebookCompartir en Twitter

*Crecen fraudes inmobiliarios

*Carpetas no avanzan y los acusados están ilocalizables

Alejandro Moguel/Ultimátum

Sigue actuando en la capital chiapa­neca una presunta mafia formada por constructores, desarrolla­doras inmobiliarias, funcio­narios menores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), notarios públicos y, para colmo, hay que sumar a los Agentes del Ministerio Público y quizá a algunos jueces del Poder Ju­dicial, porque hay en esos ca­sos una inexplicable dilación en la aplicación de las leyes.

Los agraviados están des­esperados, porque desde hace casi seis años se dieron cuen­ta que fueron defraudados, denunciaron los hechos an­te un Agente del Ministerio Público, éste turnó los expe­dientes ante un juez y a esta fecha las indagatorias no han avanzado. Por el contrario, se han sumado otras víctimas defraudadas.

En la conferencia de prensa de este martes 02 de mayo de 2023 aparecieron nuevas víctimas. Una de ellas es María Eugenia Pérez Sau­cedo, de 72 años de edad, es viuda, actualmente no tie­ne un lugar para vivir como consecuencia del fraude, los ahorros de toda su vida y de su vejez están siendo aprove­chados por Erick N, uno de los denunciados.

Ella relata que en 2017 vio unos letreros de casas en venta, acudió a las oficinas ahí señaladas ubicadas en Plaza Mirador y empezó sus trámites. Ahí emprendió un camino que se convirtió en su viacrucis. Los defraudadores les hacen firmar un contrato de compraventa, les piden un enganche, que a veces ha sido de 500, 600 0 700 mil pesos, según sea el caso, y después se enteran que no ha habi­do ningún trámite que avale legalmente la compraventa que, según, ya han hecho con anterioridad.

Algunas circunstancias varían, pero es casi el mismo modus operandi usado por los timadores contra alrede­dor de 15 afectados quienes ya han levantado el mismo número de carpetas de inves­tigación.

NUEVOS CASOS

Seis personas –cuatro mujeres y dos hombres- apa­recieron en la conferencia de prensa realizada el martes reciente, en un restaurante frente al Parque de la Ma­rimba. Ellos son: Carolina González Godoy, María del Rosario Gómez Flores, Mi­guel Ángel Vázquez López, María Eufemia Salcedo To­rres, León Rosembel Gonzá­lez Ruiz y Paola del Carmen Aguilar Ordóñez.

Los denunciantes revela­ron que uno de los acusados de nombre Erick N una vez que dio la cara dijo que él lleva viviendo en Tuxtla alrededor de 47 años, que lleva más de mil casas construidas y que nunca ha tenido ese tipo de controversias. Sin embargo, los agraviados aseguraron que cuando las autoridades han querido notificarles las denuncias que hay en su con­tra, los presuntos defrauda­dores no están localizables y así se va pasando el tiempo situación por la cual la inves­tigación está estancada.

ENERO PASADO

Varias personas denun­ciaron en enero pasado haber sido víctimas de un mega­fraude. Ya habían presenta­do, desde 2017, acusaciones penales en contra de los pre­suntos defraudadores, pero seis años después las investi­gaciones no habían avanza­do y todo parecía indicar que había dilación en la actua­ción del Ministerio Público de Chiapas.

Sin embargo, anteayer martes 02 de mayo, cuatro meses después de aquella de­nuncia mediática de enero, no sólo no han avanzado las pesquisas judiciales sino que se han sumado más víctimas. Es decir, la cosa va de mal en peor para los agraviados.

Las angustiadas víctimas dijeron, en enero pasado y hoy mayo de 2023, que siguen las presuntas operaciones frau­dulentas, cuyo desfalco po­dría alcanzar varios millones de pesos.

Denunciaron que las irregularidades consisten en que el RPPyC expide falsos Certificados de Libertad de Gravamen (que no están em­bargados ni tienen dueños) y diversos documentos oficia­les que son utilizados por las empresas inmobiliarias a fin de simular la legal compra­venta de propiedades.

Las denuncias vinculan a empresas como GCI Cons­tructora, Urban Group, Gru­po Constructor Líneas del Sur, inmobiliaria umbela del Sureste, Inmobiliaria Chia­paneca Ámbar y Desarrolla­dora de Conjuntos Residen­ciales del Centro de Chiapas. Los presuntos propietarios o apoderados legales de esas empresas que ya están de­nunciados ante el Agente del Ministerio Público: son Gus­tavo N, Erick N y Viviana N.

Los denunciantes dijeron que el modus operandi de los defraudadores es casi el mis­mo. Citaron casos recientes en el fraccionamiento Ám­bar, Santa Fe y en un edificio ubicado en la Privada San Ig­nacio número 159, mejor co­nocido como Residencial La Hacienda. Todos esos sitios están en Tuxtla Gutiérrez.

1.- Los empresarios y/o prestanombres inscriben ante el RPPyC las empresas.

2.- Con ellas tramitan créditos para ejecutar los di­ferentes desarrollos, es decir, mediante fideicomisos y/o Uniones de Crédito.

3.- Una vez obtenido el dinero, las empresas corres­pondientes a cada desarrollo comienzan la construcción y promoción de la compraven­ta de los mismos.

4.- De buena fe, los com­pradores firman los contratos de compraventa con alguna de las empresas menciona­das, sin saber que el contra­to no ha sido inscrito ante el Registro Público de la Pro­piedad.

5.- Acto seguido, los com­pradores entregan los en­ganches, continúan con sus pagos parciales y, en algunos casos, hasta han terminado de pagar completamente la propiedad, y al momento de exigir escritura o darse cuenta que no hay casa construida, se encuentran con la noticia de que la propiedad sigue perte­neciendo a la Unión de Crédi­to o del Fidecomiso. Es decir, a ese momento los agraviados se dan cuenta que se han que­dado sin su dinero, que no tie­nen viviendas y que tampoco pueden exigir su devolución.

6.- Al no ser pagado el fi­deicomiso o crédito puente, la propiedad es embargada, tal cual sucedió con el edifi­cio La Antigua y el fracciona­miento Santa Fe.

Ahí termina el círculo vi­cioso. Los defraudadores han construido una red de com­plicidades que hasta ahora les ha permitido evadir las leyes y a la justicia, mientras los defraudados están desespe­rados porque ahora no tienen ni dinero ni casa nueva. En un escrito, claman justicia al presidente de México, al go­bernador de Chiapas, a la se­cretaria general de gobierno del estado y al Fiscal General de esta misma entidad.

alexmoguels@hotmail.com

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ultimatum Chiapas

© 2022 Editorial MOSA
Sitio creado por XION Tecnologías.

Navegación

  • Aviso de Privacidad

Redes Sociales

No Result
Ver todos los resultados

© 2022 Editorial MOSA
Sitio creado por XION Tecnologías.