Hombres armados sacan barita de mina en Chicomuselo
Ricardo del Muro/Ultimátum
En Chicomuselo nuevamente se ha prendido la alarma con la llegada de un grupo de hombres armados que están recogiendo los depósitos de barita extraída hace varios años por la empresa canadiense Blackfire Exploration México de una mina ubicada en el ejido Grecia de ese municipio.
La indiferencia de las autoridades ha generado la duda en los habitantes de Chicomuselo sobre quién está detrás de la reactivación minera en la zona. Una de las hipótesis planteadas por activistas es que se podría tratar de un nexo con el crimen organizado, cuya presencia en la región se ha incrementado en los últimos años.
Se trata de un viejo conflicto en torno a la explotación minera en ese municipio que hasta la fecha no ha sido resuelto y en consecuencia, los ejidatarios han sido víctimas de todo tipo de presiones, pero ahora ha surgido la amenaza armada por grupos que desean obtener la barita, un mineral muy cotizado en el mercado mundial ya que se usa en la industrias petrolera, vidriera, de pintura y también como aislante en las salas de rayos X.
El precio de la barita por tonelada es de entre 170 y 190 dólares, mientras que su costo de extracción es muy bajo, de once dólares en promedio, por lo que independientemente de altibajos en su precio, es un material muy cotizado y con creciente demanda.
De acuerdo con la información de Elio Henríquez, corresponsal del diario La Jornada, el sábado pasado llegaron ocho camiones e hicieron muchos viajes de la barita que se encuentra amontonada en una plataforma ubicada en tierras del ejido Nueva Morelia (vecino de Grecia); dijeron que iban a tardar entre ocho y diez días, porque son muchas toneladas.
Ante el ingreso por la fuerza de los camiones y las amenazas, los vecinos de Nueva Morelia tuvieron el viernes anterior una asamblea en la que acordaron enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervengan las autoridades.
La comunidad de Chicomuselo ya se había manifestado en contra de la actividad minera en la región, razón por la cual fue asesinado el defensor Mariano Abarca Roblero en 2009, por lo que el gobierno chiapaneco clausuró las instalaciones del consorcio minero canadiense Blackfire Exploration Ltd en ese municipio.
El movimiento de defensa afirma que han agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales, tanto Chary Yanet Ríos Ordóñez como Jorge Martin Sepúlveda Morales, pero no han obtenido respuesta.
También se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región.
El 26 de septiembre del año pasado, el movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio denunció públicamente la situación de amenazas, hostigamiento e intimidación contra las defensoras y defensores de los derechos humanos en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, ante la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez.
El año pasado se incrementó el ingreso de camiones y de supuestos representantes de empresas que presuntamente habían comprado los derechos, por lo que en varias ocasiones fueron retenidos por los campesinos.
Ante la resistencia de los ejidatarios, los personeros de mineras cambiaron su estrategia y se hicieron acompañar por hombres armados, presuntamente miembros de grupos criminales que operan en la frontera con Guatemala.
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