El 90 por ciento de estos negocios son ilícitos; humillan, sobajan y violan los derechos humanos de los internos, precisó el abogado
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ
El 90 por ciento de los anexos son ilegales, aseguró el abogado Francesco Galindo, y quienes los atienden son personas que no cumplen el requisito reglamentario de tener como mínimo dos años de experiencia en materia de rehabilitación.
Entrevistado por Alejandro Moguel en los estudios del diario Ultimátum, Galindo dijo que las mismas personas que son “rehabilitadas” se quedan trabajando en esos centros, como una especie de secta en la que siempre siguen en el mismo entorno y realmente no curan nada, porque no se pueden enfrentar a la vida real sin la necesidad de llegar a estos lugares.
Destacó que los centros de rehabilitación también representan “un evasor legal, pues hay personas que tienen problemas con la ley por algún delito no grave y, en vez de pagar la multa o que vayan a prisión, prefieren albergarse y así evadir la ley”.
Esto también representa un problema de dinero porque hacen mucho capital con el sufrimiento ajeno, expresó.
Además, reveló, en esos lugares no se respetan las garantías de las personas porque “te humillan, te sobajan, sales sin utilidad. También hay mucha violencia, mucha violación a los derechos humanos, inclusive la ONU ya está viendo como regularlos de alguna manera”.
Consideró que el mejor tratamiento sería el trabajo porque, aunado al deporte, es la mejor terapia. A las personas que acuden a esos lugares se les debe enseñar alguna actividad productiva para ser personas activas socialmente.
“Hay muchos a quienes se les ha vulnerado sus derechos, principalmente a las mujeres. Hay muchas quejas de fallecimiento y violación de personas. Te bañas con una cubeta de agua cada tres días, te quitan el alimento y sales odiando a la sociedad, ni siquiera amando la paz o siendo una persona activa socialmente”, recalcó.
Las instituciones que los regulan son la Secretaría de Salud y Cofepris, además de que existe un Reglamento de los Centros de Rehabilitación para Personas con Adicciones, pero la mayoría no están regulados.
Manifestó que el tratamiento debe ser individual, no colectivo, “y lo que he notado es que a todos se les lleva una cierta manera de tratamiento en general. También se menciona que al salir se les debe hacer un diagnóstico para ver si la persona ya está rehabilitada”.
Los lugares utilizados para tal efecto tienen que ser aquellos que cumplan con las normas, que tengan espacios abiertos, y deberían tener psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales y hasta visores que vigilen a las personas, subrayó.
Este problema, señaló, es de salud pública que debería de estar totalmente regulado porque nos concierne a todos.
Aseguró que ahí les quitan el alimento, los restringen los primeros días y ha habido casos de golpes, jóvenes que han salido muertos y le echan la culpa a la abstinencia.
