ARSENAL

Carta a la Corte

Francisco Garfias/Excélsior/Ultimátum

El uso demagógico que el presidente López Obrador le da al salario de los ministros es parte de su es­trategia para desprestigiar a un poder que no ha podido doblegar.

Es también un cobro de factura por los reveses que sus reformas han sufrido en el tribunal constitucional, sobre todo desde que la mi­nistra Norma Piña asumió la presidencia del máximo tribunal.

La Corte le dio para atrás al plan B electoral, al control del Ejército sobre la Guardia Nacional, al intento de que las obras prioritarias de su gobierno –Tren Maya, Tran­sístmico, Dos Bocas– sean de seguridad nacional, con la opacidad que ello implica.

Si las cosas hubiesen terminado favorables a los planes del Presidente, la carta que envió a la SCJN no hubiese existido.

Al anunciar en la maña­nera el envío de la misiva, López Obrador dijo: “Estu­ve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de recibir una explicación, que nos informen, porque la Constitución –artículo 27– establece que nadie debe ga­nar más que el Presidente y ellos ganan cuatro veces más… Yo gano 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil”.

* Buscamos reacciones en la SCJN. Nos comentan que para hablar de remune­raciones se necesita, prime­ro, que López Obrador diga cuál es su percepción inte­gral, no sólo la monetaria, a fin de tener un parámetro de comparación.

El gasto en habitación, luz, gas, agua, gasolina, ce­lulares, médicos, personal de servicios, choferes, ropa, comida… ¿Cuánto suma?

Nos hacen ver también que al Presidente se le olvi­dó que hay otro artículo de la Constitución (el 94) que ordena no bajar el salario de los ministros.

* Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, fue quien en­vió la carta a la SCJN. Puso un tuit en el que informa: “Conforme a la atribución de la Secretaría de Gober­nación de vigilar el cum­plimiento de los preceptos constitucionales por las autoridades del país, soli­citamos a la SCJN informe sobre el cumplimiento del artículo 27 constitucional que prohíbe recibir mayor remuneración que el Pre­sidente”.

Fuentes de la Corte nos hacen ver que un secretario de Estado no tiene faculta­des para pedir explicaciones a los ministros. “Lo hacen con base en la Ley Orgánica de la Administración Pú­blica Federal. Somos otro poder autónomo. Nada que ver con la administración del Ejecutivo”, puntualizan.

* Oportuna la aclaración de la activista María Elena Morera sobre el anuncio de disolución que ayer hizo el Consejo Electoral Ciuda­dano, llamado a participar en el proceso para elegir al candidato presidencial del Frente Amplio Opositor. “Quienes quieran ver en los movimientos personales de un colectivo plural sombras de una descalificación, qui­zá estén acostumbrados, por inercias, a los monolitos, pero en todo caso pierden de vista la complejidad y la riqueza de este proceso in­édito”, escribió en Twitter la presidenta de la organiza­ción Causa en Común.

Morera es parte de ese Consejo integrado por Ma­rie Claire Acosta, Sergio Aguayo, María del Carmen Alanís, Marco Baños, Ar­turo Sánchez, Guillermo Sheridan, Teresa González, Rosa María Mirón, Rodrigo Morales y Leonardo Valdés.

Éste último firmó el co­municado sobre la disolu­ción, que dice en lo medular: “El esquema bajo el cual se ha llevado a cabo el proce­so de consulta ha cambiado respecto de lo originalmen­te planteado, por lo que el grupo tomó la decisión de disolverse”.

* Le preguntamos a En­rique de la Madrid, uno de los 15 aspirantes presiden­ciales del Frente Amplio Opositor, si ser rubio y de ojo claro no dificulta la co­nexión con la raza. “Llevo 60 años así. Yo no lo escogí. Yo en lo que creo no es en el color de la piel, sino en la fuerza, la intensidad, la in­clusión y lo empático de las ideas. Lo que necesita Mé­xico es que estemos juntos. Yo invito a los mexicanos a no caer en polarizaciones, buenos y malos, liberales y conservadores, güeros y morenos. No es por allí. Hay que reunirnos alrededor de las ideas y de quien pueda ganarle a Morena y hacer un mejor gobierno”, puntuali­zó.

–¿No teme que la parti­docracia, al final, se quede con la decisión del candi­dato?

–No, pero hay que ser realistas. Tenía que ser un acuerdo entre los partidos políticos y la sociedad. No podría pensarse que los par­tidos no van a participar, pero también sería ingenuo pensar que los partidos sin sociedad pueden prosperar.

“Me gusta el método. Es ciudadano. Me consta que las iniciativas y las propues­tas que se ven vienen de la sociedad civil. Tiene todo. Es democrático, es inclu­yente, es ciudadano, está abierto.

“Me gusta que no hayan sido los partidos los que ha­yan empezado por seleccio­nar quién entraba. Ahora vienen estas etapas. Son 150 mil firmas. Hay que poner­nos a trabajar. Luego ven­drán debates para hablar y ser escuchado.

“¿Al final del día, quién va a decidir? La ciudadanía, en encuestas y en votación directa”.