La liga

En medio de la muy antici­pada euforia electorera la oposición y Morena están pasándose por el arco del triunfo las leyes.

Se esperaba cierta prudencia y pudor de los opositores, pero están subidos en el carrito alegórico elec­toral y poco o nada les importaron los terrenos de la legalidad con tal de apurar su postulación presidencial y adelantarse en el camino a la previsi­ble decisión que se tomará en Morena.

Unos y otros están buscando fórmulas en que puedan debatir las determinaciones legales electorales colocando figuras como defensores de la 4T o tener a alguien que dé un seguimiento electoral de cara al 2024. No importa la figura que se inventen, lo que importa es que quieren tener desde ya a sus candidatos a la Pre­sidencia, sin considerar ajustarse al marco legal.

En el Edomex sucedió algo simi­lar con Delfina Gómez. Con mucha antelación se le nombró defensora de algo así como la 4T en el estado, lo que no era otra cosa que designarla candidata a la gubernatura. Se la pasó meses y meses haciendo campaña sin que esto estuviera contemplado por la ley electoral del estado.

El nombre del juego es buscar darle la vuelta a las leyes para poder aprovechar cualquier espacio.

No está ni por asomo en las deci­siones el respeto a lo que dicta la ley electoral. El proceso del 2024, todos lo saben, que técnicamente no está echado a andar. Quienes traen el lío encima son el INE y el TEPJF, los cua­les no van a poder ver todo el partido desde la tribuna. Son los árbitros de la elección y tienen que asumir sus responsabilidades y en su caso actuar.

El tema es cada vez más impor­tante, porque en la medida en que pase el tiempo las posibilidades de actuar por parte de la autoridad se po­drían diluir, porque además pueden perder peso y fuerza como responsa­bles del proceso electoral y árbitros del mismo.

Lo que está sucediendo se inserta en una dinámica en la que nos la he­mos pasado a lo largo de la presente administración. Llevamos un rato jalando la liga en el límite entre la le­galidad y la ilegalidad. Esta tendencia ha provocado que en diversas ocasio­nes actores políticos con cargos de altos niveles, particularmente los que son fieles seguidores del Presidente, estén siguiendo los lineamientos o formas que éste plantea para partir de supuestos cuestionables en materia del Estado de derecho. El primero que los festeja y reconoce cuando se ha presentado algún tipo de estira­miento al límite de la liga, o de plano existe una violación a las leyes, es el propio Presidente; los casos de los gobernadores de Veracruz y Sinaloa representan parte de esta dinámica.

Para cuestionar el marco legal se asumen como la personificación del pueblo, como si eso fuera ocasión para pasar por encima de las leyes y como si no existiera una organización social convenida por los ciudadanos. Lo delicado del asunto no sólo está en la confusión que por ahora genera, lo cual de suyo ya es al menos inquietan­te. Lo que vamos a tener que enfrentar son las secuelas del actual estado de las cosas.

Desde la perspectiva legal existen posibilidades de quitarle la candida­tura a quienes se andan adelantando, se viola la ley y, por tanto, se debería actuar. Las autoridades parecen que andan con el espíritu de llevar las co­sas en paz, lo cual puede terminar en evadir sus responsabilidades.

Podríamos entrar en un callejón sin salida. Los perdedores podrían ahora sí apelar a las leyes, en tanto que los ganadores podrían, con cierta razón, argumentar que los derrotados hicieron lo mismito.

A este paso la liga se va a terminar rompiendo y a ver cómo le hacemos.

El Salvador ha hecho un gran esfuerzo para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No ha sido una tarea fácil por los muchos problemas que ha venido cargando. El presidente Bukele le ha dado un giro inesperado al país con una go­bernabilidad que ha sido más cuestio­nada en el exterior que en el interior, ahora se quiere reelegir, mañana le vamos contando.