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28 de julio de 2023
in AUSTRAL, Opiniones
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Se cumplen dos años de los 21 desaparecidos en Pantelhó

Ricardo del Muro/Ultimátum

Al cumplirse dos años, el miérco­les 26 de julio, de la desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelhó, nada se sabe de ellos y en cambio, se ha re­crudecido el conflicto arma­do intercomunitario entre el autodenominado Ejército Civil del Pueblo Indígena que busca expulsar al grupo para­militar El Machete.

La más reciente infor­mación que trascendió a los noticieros televisivos nacio­nales fue un video en el que presuntos integrantes del Ejército Civil del Pueblo In­dígena quemaron una casa en la localidad de Iviltik, y a gritos, advierten que no quie­ren al Machete en Pantelhó.

Por otra parte, represen­tantes de 87 comunidades rurales y 18 barrios de Pan­telhó, están demandando a la Fiscalía General de Chiapas que se ejecuten las órdenes de aprehensión, que presunta­mente se tienen archivadas, en contra de José Guadalupe Herrera Abarca, dirigente de otro grupo armado llamado “los Herrera”, quien presun­tamente se oculta en el ran­cho Baltazar.

José Guadalupe Herrera Abarca es tío de Dayli de los Santos Herrera Gutiérrez, actualmente preso acusado de ser el presunto autor in­telectual de la ejecución del fiscal de justicia indígena, Gregorio Pérez Gómez; Jo­sé Guadalupe es hermano de Austreberto Herrera, quien fue juez municipal de Pantel­hó y también está preso por homicidio.

Se trata de un viejo con­flicto que había sido adverti­do desde 2018 por la diócesis de San Cristóbal de Las Ca­sas, quien alertó de lo que se veía venir; en una primera carta señaló que en la región indígena de los Altos, Norte, Selva y Sierra de Chiapas se habían posicionado grupos ligados a actividades ilícitas y se habían entremezclado ya con cuestiones político – electorales para el control de municipios y del territorio.

El documento, firmado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y el entonces vica­rio de justicia y paz, Gonzalo Ituarte Verduzco, confirma­ba “la existencia y actuación de grupos armados ilegales al servicio de caciques y otros poderes en muchos munici­pios de los Altos de Chiapas”, según publicó la revista Pro­ceso.

Hace dos años, el presi­dente Andrés Manuel López Obrador informó que la Se­cretaría de Gobernación ana­lizaba el caso del surgimiento de un grupo de autodefensa en Pantelhó, para determinar si se trataba de una confron­tación política o expresión genuina contra la inseguri­dad en esa zona.

En opinión del presiden­te López Obrador el origen del grupo de autodefensa lla­mado “Los Machetes” es por cuestiones políticas, caciqui­les o delincuenciales.

“O son dos cosas, o es una cuestión politiquera, de dominio caciquil en una región, lucha de facciones o de grupos políticos caciqui­les, sin ideales ni principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder, o delincuencia, hay que ver de dónde obtienen las armas”, manifestó.

La respuesta del gobierno federal fue mandar a elemen­tos de la Guardia Nacional y del Ejército, acompañados por policías, a la cabecera municipal, pero definiti­vamente nada ha hecho la Secretaría de Gobernación para detectar el origen del conflicto y distensionar esta zona indígena. Parece un ga­limatías político en donde los habitantes de Pantelhó están a merced de dos grupos ar­mados que disputan el poder.

El grupo denominado El Machete apareció el 7 de junio de 2021 en la cabece­ra municipal de Pantelhó para rebelarse en contra un cacicazgo encabezado por el entonces alcalde perredista, Ricardo Trujillo Morales, a quien acusaron de tener si­carios a su servicio. Al tomar el control del municipio, el grupo de El Machete retuvo en el parque central de esa población a 21 personas que desde entonces están desa­parecidas.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio de 2021 y, hasta la fecha, la única evidencia que hay de estos hombres con vida es un video en donde un grupo de enca­puchados, miembros de El Machete, los tienen amarra­dos en el kiosco del parque central de Pantelhó.

Desde entonces, nada se sabe de ellos. Una pasividad de parte de las autoridades que no se justifica y que, deje­mos en claro, nada tiene que ver con el respeto a la auto­nomía de los municipios in­dígenas. Se trata de una des­aparición forzada y se debe aplicar la ley.

ricardodelmuros@hotmail.com

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