ESTRICTAMENTE PERSONAL

Ayotzinapa, trampa presidencial

Raymundo Riva Palacio/El Financiero/Ultimátum

El Grupo Interdisci­plinario de Exper­tas y Expertos Inde­pendientes reiteró que no había condiciones para llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 nor­malistas.

Al dar por terminada la investigación sobre el caso Ayotzinapa en septiembre próximo, como está progra­mado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirá que cumplió con los padres de las víctimas y resolvió el crimen, aunque no sea cierto. El caso, de hecho, concluirá en condiciones más confusas, de mayores dudas, lleno de contradicciones y, lo peor, con los asesinos confesos en liber­tad, gracias a que su gobierno les perdonó todo a cambio de imputar a militares y exfun­cionarios, pero sin aportar pruebas para proceder en su contra de manera clara y con­tundente.

Lo último que esperaba, el reporte del Grupo Inter­disciplinario de Expertas y Expertos Independientes que contrató el gobierno de En­rique Peña Nieto a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y re­contrató el de López Obrador, contribuye al descrédito de su gobierno. Carlos Beristáin, uno de los dos integrantes que sobrevivieron todos estos años en el GIEI, reiteró este martes que no había condi­ciones para llegar a la verdad y, sin decirlo abiertamente, responsabilizó al gobierno de no haber logrado que las Fuerzas Armadas les dieran toda la información que so­licitaron, por lo cual existía el riesgo de que “la mentira se institucionalice como res­puesta” –un eco de una acu­sación similar al gobierno peñista–.

A casi una década del cri­men, las investigaciones de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador han sido desaseadas, con irregulari­dades e ilegalidades en am­bos casos, donde la verdad de fondo ha quedado olvidada, pese a coincidir en ella am­bas administraciones: los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala, que después contaron con el apoyo de agentes de los municipios colindantes, que se los entregaron a Guerre­ros Unidos. En ambas ver­siones, la “verdad histórica” y la “verdad alterna”, fueron asesinados e incinerados. La diferencia está en el cómo y el dónde, pero sobre todo en la carga del quién; en la pri­mera, los responsables son los asesinos, mientras que en la segunda son los funciona­rios federales, de entonces y actuales.

El ex procurador gene­ral Jesús Murillo Karam está preso, acusado de haber es­tablecido una narrativa que buscaba el encubrimiento de autoridades federales su­puestamente involucradas en el crimen. El subsecreta­rio de Gobernación para De­rechos Humanos, Alejandro Encinas, responsable de la investigación, ha hecho lo mismo que Murillo Karam, crear una narrativa que en la práctica protege a los ase­sinos de Guerreros Unidos y, probablemente, al exalcal­de de Iguala, al liberarlos de culpa, para, mediante decla­raciones inducidas –no bajo tortura como en el gobierno anterior– y con pruebas fal­sas, acusar a un general de haber ordenado el asesinato de los normalistas.

Encinas, como el propio López Obrador lo ha dicho en algunas reuniones, tiene una obsesión contra los militares, pero lo ha respaldado. Inclu­so, autorizó la reactivación de órdenes de aprehensión contra casi dos decenas de militares en activo y en retiro para que le ayudara a respal­dar su discurso del próximo septiembre y decir que ha­bía cumplido con lo ofrecido en campaña. La posición del GIEI, sin embargo, lo mete en una contradicción, luego de que Beristáin señaló que el último informe presentado el martes “muestra los distintos niveles de implicación y res­ponsabilidad de los diversos niveles del Estado en el ata­que de los 43. ¿A quiénes se refiere?

En primer lugar, por jerarquía administrativa, al secretario de la Marina, almirante José Rafael Oje­da Durán, que era el co­mandante de la 8ª Región Naval Militar, con sede en Acapulco, cuando se dio la desaparición de los norma­listas. En esa categoría, el almirante participaba en las mesas de seguridad semana­les en Guerrero, donde du­rante largo tiempo se habló de la presencia de Guerreros Unidos en Iguala y la Tierra Caliente, de las actividades ilegales del exalcalde José Luis Abarca, de la presun­ta colaboración de algunos militares con la delincuencia organizada y, en algo que im­putan Encinas y el GIEI, de haber sembrado evidencia falsa sobre los restos huma­nos de los normalistas.

A nivel federal, el segun­do en el ojo del GIEI es Alfre­do Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, que como tal ocupaba el mis­mo cargo en la Procuraduría General, peñista, que no fue removido por el fiscal ge­neral, Alejandro Gertz Ma­nero. Hace casi un mes, fue detenido quien trabajó con él en la investigación del caso Ayotzinapa, Gualberto Ra­mírez, extitular de la Unidad Antisecuestros de lo que era la Subprocuraduría Especia­lizada en Investigación de Delincuencia Organizada.

En el nivel local, la figura más sobresaliente a la que se refiere el GIEI es Omar Gar­cía Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que en ese entonces era el delegado de la Policía Federal en Guerre­ro, y uno de los participan­tes de la Mesa de Seguridad. García Harfuch está ene­mistado con el fiscal Gertz Manero y en la Secretaría de Seguridad federal conside­ran que sí estuvo involucrado con Guerreros Unidos, una imputación que siempre ha negado.

De manera indirecta se­ñalan al general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, al quejarse de que el Cisen, que es como se llamaba hasta el sexenio pasado, les negó in­formación, lo que se mantuvo hasta la actualidad.

No quiere quedar mal con los padres de los normalistas, pero tampoco ha aceptado una investigación forzada o inventada, o que, aun en el supuesto de que fuera cierta, afecte a la cúpula del Ejército. Quisiera minimizar el daño a las Fuerzas Armadas con acusaciones quirúrgicas, co­mo la que tiene en prisión al general José Rodríguez, que encabezaba el 27º Batallón de Infantería en Iguala en los días en que se cometió el crimen, acusado con pruebas –chats a modo que presentó Encinas donde lo involucra­ban en el crimen– que resul­taron falsas.

El Presidente se man­tiene firme en que hasta ahí llegue la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero el informe del GIEI lo volvió a colocar en la trampa. Ahí están los funcionarios indi­rectamente imputados que se mantienen en sus cargos, sumergido en las contradic­ciones de un caso donde no midió su complejidad ni sus consecuencias.