Aplicar la ley del transporte en Copainalá
Ricardo del Muro/Ultimátum
Una disputa entre transportistas “piratas” y los legalmente concesionados derivó en una trifulca, en la que una patrulla resultó quemada y una más vandalizada en el municipio de Copainalá. Este violento incidente, que trascendió a los medios informativos nacionales, es sólo la “punta del iceberg” de los múltiples intereses y grupos que obstaculizan la aplicación de la nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.
La batalla por la regularización del transporte público en Copainalá inició el 24 de julio cuando la Coalición de Transportistas Zoques realizó una manifestación para exigir a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte operativos permanentes para evitar las unidades “piratas” en los ocho municipios de la zona de Mezcalapa, conformada por Chicoasén, Coapilla, Copainalá, Francisco León, Ocotepec, Osumacinta, San Fernando y Tecpatán.
A partir de ese día los transportistas de la Coalición establecieron un retén en la entrada de Copainalá para retener a las unidades irregulares.
En respuesta, la agrupación de transportistas adherida a la CIOAC convocó a una movilización el lunes 7 de agosto, para exigir la destitución del delegado del Transporte y buscar una negociación con los concesionarios para poder circular sin ser perseguidos.
Desde muy temprano, señala la crónica de Isaín Mandujano en Proceso, los transportistas de pasaje de Bochil, Rincón Chamula, Pueblo Nuevo, Pichucalco, Rayón, Tapalapa, Tapilula y otros adheridos a la CIOAC, llegaron hasta Copainalá para encarar a los transportistas legalmente concesionados, debido a que les han impedido la operación de unidades piratas del municipio de Ocotepec, adheridas a esta organización.
Los transportistas de CIOAC bloquearon los accesos al municipio de Copainalá y quemaron una patrulla de la policía municipal y vandalizaron otra de la policía estatal.
Los concesionarios responsabilizaron a Justino García Valencia y su hijo, Cupertino García Gómez, miembros de la CIOAC como los líderes que encabezaron los hechos de violencia en ese municipio.
Señalaron que estos dos líderes tienen el respaldo de Daniel Morales, líder de los transportistas de la CIOAC, que convocó a la movilización para que llegaran de otros municipios.
De igual forma, acusaron a Federico Jesús Infante Pinacho, delegado regional de la Secretaría de Movilidad y Transporte, de tolerar desde hace dos años el servicio público pirata o irregular.
También acusaron que autoridades estatales y municipal de Ocotepec han permitido que alrededor de 30 unidades de transporte público operen entre ese municipio y Copainalá, con afectaciones al servicio público concesionado legalmente establecido.
La nota de Mandujano permite observar a las principales personas involucradas en el conflicto de transporte de Copainalá. Una situación que, con diferentes actores, se repite en otros municipios de Chiapas, donde a través de los años ha proliferado el transporte irregular.
En última instancia, este conflicto muestra las dificultades que existen para lograr que en todos los municipios de la entidad se aplique la nueva Ley de Movilidad y Transporte, que entró en vigor el 29 de octubre de 2020, y con la que se da un importante paso en el proceso de ordenamiento del transporte, que busca garantizar el servicio digno, eficiente y seguro a la población usuaria y certeza al transportista concesionario.
No es una tarea sencilla regularizar totalmente el transporte en Chiapas, aceptó Aquiles Espinosa García, secretario de Transporte y Movilidad de Chiapas, entrevistado en los días previos a la promulgación de la nueva ley, ejemplificando el caso de Ocozocoautla, donde existían poco más de cuatro mil mototaxistas que trabajaban sin permiso y que en el pasado, también han participado en manifestaciones y enfrentamientos.
En este sentido, informó que se había determinado regularizar este tipo de transporte en los lugares en donde, por su número, es muy complicado desaparecer el servicio. “La autoridad no es insensible, pues, aunque no sean unidades legales, con las mismas, miles llevan el sustento a sus hogares”, explicó.
Mientras que los registros oficiales señalaban que al promulgarse la ley existían 26 mil 852 concesionarios de transporte en sus diversas modalidades (taxis, combis, volteos), quienes se desempeñaban en la ilegalidad (piratas) sumaban aproximadamente 36 mil unidades. ricardodelmuros@hotmail.com
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