Contenido ofensivo

El problema no es de contenidos, sino como se abordan, afirmó el consejero del Parlamento Nacional Indígena; también denunció ante la FGR a Marko Cortés por incitar a la destrucción de los volúmenes gratuitos

Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum

TGZ

En la elaboración de los libros de texto gratuito se omitie­ron procedimientos formales y legales, afirmó Ro­ger Elí Díaz Guillén, consejero y asesor jurídico del Parlamen­to Nacional Indígena, quien además interpuso una denun­cia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, por atentar contra el patrimonio del Estado al incitar a la des­trucción de esos volúmenes.

Entrevistado por los ana­listas Alejandro Moguel y Ja­vier Guízar, Díaz Guillén reco­noció que hay errores de con­tenido “como las ocho familias que plantean, que se me hace ofensivo, porque también la ley dice que la educación se basa en el honor y valor humano”.

Ese, precisó, es un con­cepto muy importante porque “qué autoridad jurídica te va a determinar qué representa el valor para ti, más que el que di­ga tu conocimiento originario, la cosmovisión como le llama­mos los antropólogos”.

Consideró que el problema de los contenidos de los libros de texto no son los conceptos y las categorías, sino el abordaje metodológico con que se hacen los mismos.

“El problema es cómo lo explican. Por ejemplo, dicen que hubo un fraude electoral que se plantea en la parte de historia, y no tienen razón en que no se ponga en la historia porque la historia es dinámica, la cosa es que si no se compro­bó jurídicamente que hubo fraude ahí lo tienes que expli­car, no lo puedes asegurar”.

Indicó que “la familia es única, pero hay variantes, pe­ro dilo así, no me digas que hay ocho familias”.

Aseguró que debe tomarse un acuerdo político de gobier­no para posponer un año la en­trega de los libros, para prepa­rar el procedimiento y elaborar los programas de estudio por cada escuela, donde la comu­nidad y los padres de familia vigilen que los contenidos sean acordes con la comunidad y los patrimonios culturales.

Exhortó a que la sociedad cuide los programas de estudio de las escuelas y que se adopte lo que no violente los elemen­tos morales.

Precisó que todo esto lleva a un conflicto de poderes pú­blicos, porque no se trata de imponer.

Explicó que el problema no está en este momento en los contenidos educativos, sino en resolver la elaboración del programa de estudios de cada escuela y que la nueva ley de 2019 dice que los municipios tienen la responsabilidad de la impartición de la educación.

Aseveró que no ha escu­chado a ningún alcalde ma­nifestarse sobre este tema, y los exhortó a involucrarse en el asunto para que informen a la ciudadanía y se atienda la parte de reconocer los errores y se recompongan las cosas.

“Porque no se pueden im­poner, porque la educación es un valor, un derecho humano y tenemos que ser respetuosos gobierno y sociedad”, añadió.

LOS POLÍTICOS NO VAN A CAMBIAR

Roger Elí Díaz presentó una denuncia, ante la fiscalía General de la República (FGR) en Tuxtla Gutiérrez, en con­tra del líder nacional del PAN, Marko Cortés, porque convo­caba a que los padres de familia quemaran los libros de texto gratuito.

Dijo que con esa acción se violaron los Artículos 130, 131, 132, 135 y 137 del Código Pe­nal Federal, que trata sobre los temas de insurrección, sedi­ción, rebelión, y esto es atentar contra la seguridad nacional, contra la paz y contra el orden.

Esto, explicó, tiene que ver con conducta política, pues la ciudadanía tiene la facultad para denunciar, también los poderes públicos, pero como no lo hacen se tiene que buscar la forma de corregir en algún momento esta situación, por­que se aprovechan de la falta de información.

En el caso de Marko Cor­tés, señaló que no hizo una crítica a los libros de texto gra­tuito, sino incitó a destruirlos y esto es alterar el ejercicio pleno de las instituciones del Estado.

La denuncia, dijo, no es un asunto personal, sino de impo­ner un antecedente porque los políticos nunca van a cambiar hasta en tanto no les exija la ciu­dadanía por medio de los ins­trumentos legales existentes.

Señaló que actualmente los políticos llegan y “le echan un rollo al pueblo”, pero cuan­do les empiecen a exigir el cumplimiento de su progra­ma de trabajo, su plan de go­bierno, seguramente se van a preocupar.

Señaló que la denuncia no es protagonismo, ni oportunis­mo político, sino una situación de compromiso y responsabili­dad ciudadana.

El asunto es, además, científico social porque están atentando sobre un patrimo­nio como los libros de texto, que si tienen inconsistencias hay otros caminos legales para efecto de corregirlo, lo mismo que si se cayó en errores en el procedimiento.

Subrayó que antes de pre­sentar su denuncia de manera individual, se le sumó el Par­lamento Nacional Indígena y entonces la demanda se hizo colectiva no solo en Chiapas, sino a nivel nacional.