Piden que la “Ley 3 de 3” no sea solo un panfleto político

Alfredo Pacheco/Ultimátum

TGZ

Activistas pidieron al Con­greso de Chiapas que la “Ley 3 de 3” no sea solo un pan­fleto político y que armonice el marco jurídico local con el Federal para hacerla efectiva en la entidad.

Yndira Sandoval Sánchez, integrante de las Constituyen­tes MX feministas, una de las organizaciones promotoras de esa legislación contra la vio­lencia, señaló que hay algunos actores que la han usado para promocionarse.

Asimismo, recordó que la reforma constitucional se pu­blicó el pasado 29 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente, el 30 de mayo de este mismo año.

“¿Qué hacemos en Chia­pas? Estamos exigiendo que el Congreso del Estado aperture un periodo extraordinario de sesiones, para que armonice el marco jurídico federal con el marco jurídico local, están a tiempo, porque si hay vo­luntad política y no solo una bandera electoral, porque hay panfletos anunciando la 3 de 3 contra la violencia como ban­dera electoral, no queremos ser el moñito rosa en la solapa, queremos ser la agenda po­lítica clara y dispuesta hacia adelante”, sostuvo.

Sandoval Sánchez agregó que el Congreso local tiene que aprobar, antes del 30 de septiembre próximo, un dic­tamen que armonice y obligue a que no haya ningún agresor en la boleta para ningún cargo municipal, ni local en Chiapas, y tampoco para la administra­ción pública municipal, ni es­tatal, ni en el Poder Judicial, ni en ningún lado.

“Si tienen voluntad polí­tica estas reglas deberán es­tar publicadas antes del 30 de septiembre, para que en enero que inicia el proceso electoral las chiapanecas tengan la cer­teza que no verán en las bole­tas a ningún agresor, ningún deudor, a ningún acosador”, enfatizó.

En ese sentido, indicó qué la ‘Ley 3 de 3’ no solo se tra­ta de que ya no pueden estar en los cargos de elección, en las urnas, los agresores, los deudores de pensiones ali­menticias, acosadores, gol­peadores, agresores políticos, sino tampoco en la función pública, ni en las ternas para ser fiscales, rectores de uni­versidades, jueces, magistra­dos o ministros.

“Es decir, este es un man­dato constitucional que sus­pende derechos políticos, muerte civil y política a quien desde el poder viole derechos humanos o ejerza delitos de tal magnitud”.