SOCIEDADHORIZONTAL

Poderes ¿al servicio de quién?

Armando Ríos Piter/Excélsior/Ultimátum

La confrontación entre el Presi­dente López Obrador y la Su­prema Corte arreció. A lo largo de la semana pasada el manda­tario fue duro en sus daclaraciones. Dijo que “no hay que tener miedo a plantear un desafuero de ministros o magistrados, ya que no se puede permitir la violación a la Constitución o que se imponga un poder omnímodo”. El mandatario insistió que la reforma al Poder Judicial para elegir a jueces, magistrados y ministros debe ser un tema de la próxima campaña electoral.

El presidente López Obrador remar­có que los juzgadores “tienen recursos de más y que lo que desean es financiar sus excesos”. También acusó “cinismo” por parte de los ministros y de su presidenta, Norma Piña Hernández, por solicitar un aumento de cuatro por ciento para el próximo año. Enfático subrayó que se de­ben limitar los gastos excesivos, por lo que convocó al Poder Legislativo a que, “con base en sus atribuciones constitucionales, analice si hace un ajuste presupuestal a ese sector”. Adicionalmente anticipó que, “si la Cámara de Diputados determina hacer el recorte, en el Poder Judicial, son tan cínicos que…se van a amparar ellos mismos”.

Todo esto se dio en preámbulo de la presentación del Presupuesto de Egre­sos de la Federación para 2024. Cabe recordar que a lo largo del sexenio han prevalecido los cuestionamientos contra los tribunales por los recursos existen­tes en sus fideicomisos, así como por los sueldos y prestaciones que reciben sus integrantes. La Corte detalló que el pre­supuesto solicitado para 2024 es de 84 mil 792 millones de pesos, mismos que serán repartidos entre el alto tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que juntos representan a 45 mil trabajadores.

La ministra presidente, convocó a una reunión solemne. En su discurso, afirmó que en caso de recibir un recor­te presupuestal, se pondría en riesgo el Estado de Derecho y esto afectaría a los más vulnerables. En este contexto, ante los intentos de “asfixia por falta de re­cursos”, remarcaron que harán valer la Constitución.

Algunos consideran que la molestia y la intención de “someter a los jueces” desde Palacio Nacional, se deben a que muchas resoluciones judiciales no se han apegado a los intereses presidenciales. Como ejemplo se encuentran, desde la invalidación del llamado “plan B” electo­ral, hasta las recientes resoluciones rela­cionadas con los libros de texto gratuitos. En contraste, otros ven en los ataques de AMLO, una crítica profunda, toda vez que consideran que los ministros pro­tegen a potentados. Tal es el caso de las decisiones dilatorias que han favorecido a empresas que según el mandatario, “abu­sando de su gran estructura corporativa”, han operado en la Corte para retrasar el pago de un total de 25 mil millones de pesos en impuestos.

Sea una, otra o ambas causas, este capítulo habrá de decidirse en un tercer ámbito: el Poder Legislativo. El coor­dinador de la bancada mayoritaria, la de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, apoyó la postura presiden­cial. El legislador reclamó a la ministra presidenta la manera como solicitó un aumento presupuestal al considerar que “al hacerlo mediante oficios y sesiones de debate público lo han vuelto un proceso de señales sicilianas y mafiosas”. También reiteró su invitación a la ministra Piña para que acuda ante el Poder Legislativo a dialogar.

Lo cierto es que este episodio nos exige reflexionar sobre el funcionamien­to real que tienen los poderes públicos. Debemos preguntarnos: ¿realmente son instrumentos que representan a la sociedad en su conjunto? O ¿Acaso las instituciones defienden los intereses de unos cuantos, sean del propio AMLO, de algún empresario o del grupo en el poder? Los ataques y contrataques entre poderes deben ser contrapesos, no una mascarada para inculpar a otra institución de las deficiencias, excesos o ineficacias de su propio actuar público.

Es previsible que el debate se inten­sifique en tanto se vota el PEF2024 en la Cámara de Diputados. No obstante, la #SociedadHorizontal deberá ir más allá. Informarse, comunicarse y organizarse, para que la “hipertransparencia” que hoy representa su fuerza principal, corrija y alinee el actuar de las instituciones en beneficio de la gente. Esperemos también que la reactivación del INAI coadyuve en ello, ahora que deberá desahogar al menos 8 mil 300 recursos de revisión que habían quedado pendientes

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