BALANZA LEGAL

La protección constitucional del NASCITURUS

Rodolfo L. Chanona/Ultimátum

La Suprema Corte de Justicia de la Na­ción en la reciente resolución emitida el 06 de septiembre del año 2023, mediante la cuál decla­ra la inconstitucionalidad del sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, reafirmó también el criterio hecho prevalecer en la acción de inconstituciona­lidad 148/2017, con relación al deber de protección del bien constitucional del NAS­CITURUS (Término jurídi­co que designa al ser huma­no, desde que es concebido hasta su nacimiento).

Determinando que el nasciturus escapa a la no­ción de persona como titu­lar de derechos humanos, ya que el ejercicio de éstos se encuentra determinado a partir del nacimiento; sin embargo precisa, que lo an­terior de ninguna manera se traduce en que el embrión o feto carezca de un delimitado ámbito de protección, reco­nociéndole el Pleno, una cua­lidad intrínseca al nasciturus, asignándole un valor jurídico que se asocia a sus propias ca­racterísticas, en tanto que se trata de la expectativa de un ser –con independencia del proceso biológico en el que se encuentre— y cuyo desarrollo es constante conforme avan­za el proceso de gestación.

Siendo esta etapa un valor constitucionalmente relevante, vinculado a la ex­pectativa de nacimiento de un ser humano a partir de la existencia de un feto o em­brión, categoría que implica su reconocimiento como un bien, que, por su relevancia intrínseca, ineludiblemente amerita la protección de los poderes públicos del Estado (Protección prenatal), inten­sificándose la protección del orden público del nasciturus en la medida del avance del embarazo, ya que la valía de este bien constitucional, está asociado al paso de las semanas de gestación, que significan el desarrollo de las características sobre aquello que define a un ser humano.

Existiendo entonces bajo esta protección constitucio­nal, una obligación del Esta­do con las mujeres y personas con capacidad de gestar, a tra­vés del compromiso de brin­darles un amplio espectro de tutela, mediante la asesoría en temas de planificación fa­miliar y el acompañamiento sensible y adecuado que les permita adoptar una elección informada en pleno ejercicio de su autonomía reproducti­va, constituyéndose en una manifestación primigenia de la protección jurídica del nas­citurus en la etapa inicial del periodo de gestación.

Por lo tanto, para dotar de protección efectiva al nasciturus, las acciones es­tatales deben encaminarse a proteger efectivamente a es­te grupo poblacional, lo que implica entre otras cuestio­nes, garantizar una atención prenatal de calidad, adop­tando medidas efectivas para compatibilizar la vida familiar y la crianza con sus intereses personales, labora­les y educativos, abatiendo la morbimortalidad materna y garantizar la igualdad de acceso a oportunidades edu­cativas y laborales.

De acuerdo a los últimos datos reportados por el Ins­tituto Nacional de Estadísti­ca y Geografía (INEGI) co­rrespondientes al año 2021, Chiapas fue el estado de la república con mayor tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad re­productiva, así mismo, de to­das las entidades federativas, fue la que obtuvo la mayor tasa de nacimientos regis­trados en el grupo de edad de madres que tenían entre 10 y 17 años al momento del nacimiento.

Datos que obligarían a replantear la forma en que se esta garantizando por par­te de los poderes públicos del Estado de Chiapas esta protección constitucional, debiéndose a través de accio­nes coordinadas, fortalecer las políticas públicas en ma­teria de planificación familiar y anticoncepción.

Enfatizando en la salud sexual y reproductiva para adolecentes, generando me­didas que faciliten a los jóve­nes el acceso a información para evitar embarazos no intencionados y el riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS), con el objetivo de contribuir en la prevención del embarazo no planificado, promoviendo la importancia de los derechos sexuales, consecuencias y costos del embarazo en ado­lescentes, así como, fortale­cer acciones que permitan los accesos públicos a consultas médicas, orientación y dota­ción de métodos anticoncep­tivos.