La frontera norte de Chiapas y Tabasco es una zona muy peligrosa, particularmente el corredor que conforman los municipios de Pichucalco, Juárez y Reforma, escenario de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos del crimen organizado. Allí ocurrió el secuestro de cinco encuestadores de Morena, dos de los cuales, Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez fueron asesinados y uno más, Adrián Cid Pérez, sigue desaparecido.
Los encuestadores – tres hombres y dos mujeres – que fueron levantados el sábado por un grupo de hombres armados en el interior de un hotel en el municipio de Juárez (Chiapas); al día siguiente, fueron localizados los cuerpos sin vida de Christian y José Luis, tirados en la carretera, a la altura del poblado de Chontalpa, municipio de Huimanguillo, Tabasco; estaban amarrados de pies y manos, y junto a ellos estaba una cartulina naranja con un mensaje, firmado por “el Apa CJNG”.
El tercer secuestrado, Adrián Cid Pérez, quien era el coordinador del grupo de encuestadores, todavía no ha sido localizado, mientras que las dos mujeres habían sido libe- radas, el mismo día del plagio, en un mercado de Juárez. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, emitió un mensaje en donde expresó su dolor, tristeza e indignación y condenó el asesinato de sus compañeros, además de exigir la aparición con vida de Adrián, así como una investigación a fondo a las autoridades correspondientes.
El secuestro y asesinato de los encuestadores de Morena puede ser enmarcado en la violencia preelectoral que, desgraciadamente, está marcando los comicios de 2024. Primero fue Paola Quevedo, excandidata a diputada por Morena, el 14 de junio en Celaya; después, Zayma Zamora, quien apoyaba a Adán Augusto, en Poza Rica y el 29 de julio, en Guerrero fue asesinado José Guadalupe Fuentes Brito, operador de la campaña de Marcelo Ebrard.
En el proceso electoral de 2021 “al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre los cuales 36 se presentaban como candidatos, fueron asesinados desde septiembre (de ese año), cuando comenzó la campaña. Además, hubo amenazas y ataques a políticos y funcionarios públicos”, señaló en su momento Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En el análisis sobre los asesinatos políticos en México, los investigadores Víctor Hernández Huerta y Daniel Bastida Vargas, descubrieron que el proceso electoral federal 2017 – 2018 no sólo se caracterizó por haber sido el más grande en la historia de México, sino también el más violento.
Desde el inicio del proceso, el 8 de septiembre de 2017, hasta el fin de las campañas el 27 de junio de 2018, fueron 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección popular asesinados en todo el territorio nacional. La evidencia de la parte descriptiva del trabajo de Hernández y Bastida, basado en la revisión de reportes periodísticos apunta a que estos crímenes se deben a intentos del crimen organizado por influir en los resultados electorales, y a que dichos políticos fueron el blanco de ajustes de cuentas por su participación directa, o indirecta, en actividades delictivas. No obstante, de los 48 decesos registrados, solo en. 20 fue posible identificar algún indicio de móvil, por lo que es difícil extrapolar las causales descritas a todos los candidatos asesinados.
En lo que se refiere a la zona norte de Chiapas, donde sucedió el secuestro y asesinato de los encuestadores de Morena, recordemos que el pasado 3 de agosto, en el municipio de Reforma se registró un hecho violento, cuando un grupo armado atacó la base de la Policía Estatal Preventiva en la comunidad Boca Limón, donde murió un delincuente, en el contexto de la disputa que presuntamente mantiene el CJNG con otros grupos por el control de la frontera de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Hasta noviembre de 2011, en esa zona operaba Santos Ramírez Morales, alias “el Santo Sapo”, jefe de plaza en Tabasco y Chiapas, para el grupo criminal “Los Zetas”, hasta que fue detenido por los elementos de la VII zona militar en Ocozocoautla.
Actualmente, de acuerdo a los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por “Guacamayas”, en enero de 2022, en la zona opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien tiene presencia en el 63 por ciento del territorio tabasqueño, disputándose la plaza con Los Panteras y el Cártel del Noroeste. Esto ha significado un resurgimiento de la violencia en esa zona fronteriza. El 2 de abril se registró una balacera en Reforma que dejó como saldo tres muertos y el 3 de mayo, hubo otra, que tuvo como resultado de cuatro policías heridos y cinco patrullas quemadas. Después vino el ataque en Boca Limón y ahora el secuestro y asesinato de los desafortunados encuestadores. RDM
