La terca realidad
Alejandro Moguel/Ultimátum
Luisa María Alcalde Luján es la muestra palpable de muchos funcionarios públicos del presente sexenio. El 90 por ciento de lealtad y obediencia al que despacha en Palacio Nacional y únicamente 10 por ciento de capacidad, si no es que menos.
Esos políticos están desempeñando un cargo, incluido ese de la más alta envergadura política como la Secretaría de Gobernación, por obra y gracia del espíritu del señor presidente, pero a la hora de defender a su proyecto político se quedan en un papel simplemente limitado, como el que hizo ella en su comparecencia ante legisladores federales, el reciente miércoles. Con una retórica bastante pobre, por decir lo menos, nunca ofreció argumentos para defender la enorme inseguridad pública que está padeciendo México entero.
La instrucción recibida directamente del tabasqueño y su obligación como la número dos del Poder Ejecutivo federal es defender las políticas públicas en todos los rubros.
Sin embargo y en vez de ofrecer argumentos creíbles, que seguramente los hay, la Secretaria de Gobernación atribuyó a los medios de comunicación la percepción de violencia que azota al país. Como siempre lo hacen los representantes de la 4T, ella le echó la culpa a los medios de comunicación de la ola de violencia que hay en la mayoría de las entidades federativas del país. Se fue por la retórica fácil que a nadie convence. Así en nada ayuda al presidente ni a su gobierno.
Durante su comparecencia en el marco del informe de gobierno de la 4T, la titular de la política interna del país acusó que los medios de comunicación “no presumen” los presuntos avances en materia de seguridad que tiene el gobierno que encabeza el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
Pero, ¿cómo van los medios a presumir esos datos que son una horrorosa mentira? El dato es infalible: los primeros cinco años de la administración de López Obrador han registrado más muertes violentas que en los sexenios completos que sus antecesores Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón Hinojosa (2006- 2012) y Vicente Fox Quesada (2000-2006).
Incluso, el mismo presidente en una gira de trabajo por Tamaulipas el mes de junio pasado, el propio presidente pidió que se proyectara una lámina con el número de homicidios dolosos por sexenio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que se muestra que en su administración son más las muertes violentas que en las de sus antecesores mencionados.
Luego entonces, si ya el propio López Obrador aceptó que su sexenio es el más sangriento que el de sus antecesores inmediatos, ¿cómo es que la señora Luisa María Alcalde quiere llegar a dar atole con el dedo a los legisladores federales y, a través de ellos, a todos los mexicanos?
Lamentable que muchos políticos de la 4T no sepan defender el proyecto político de su jefe y del que ellos mismos dependen, porque eso va en detrimento de su credibilidad y de su permanencia en el gobierno federal.
El colmo de su discurso fue decir que en Chiapas todo está bien. Todos los habitantes de esta entidad saben que eso es total y absolutamente falso. Los hechos ocurridos desde hace aproximadamente dos años y hasta el pasado reciente, en Frontera Comalapa, por ejemplo, confirman que los habitantes de los municipios fronterizos con Guatemala y los colindantes con Tabasco están viviendo momentos de angustia e incertidumbre por la fuerte presencia de grupos del crimen organizado que están disputándose esos territorios.
Todos saben que en algunas cabeceras municipales ya no hay ni siquiera abasto de productos básicos, que escasea las gasolinas y, en algunos, casos los bancos están retirando sus cajeros automáticos. Todos lo saben, menos Luisa María Alcalde. La terca realidad del México de todos los días choca de frente con la realidad paralela del oficialismo.
PRECAMPAÑAS
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del INE que determinaba el 5 de noviembre como fecha de inicio de las precampañas. El referido tribunal argumentó que eso reduce plazos a los partidos para cumplir con algunos requisitos y requerimientos, lo que vulnera los derechos de los institutos políticos.
Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata votaron en favor del proyecto propuesto por la magistrada Janine Otálora.
De esta manera, se ordena revisar la fecha del 3 de enero como día para la conclusión de las precampañas, tomando en cuenta que las mismas no pueden rebasar los 60 días de duración, y se ordena elegir un día entre el 20 y 26 de noviembre para el inicio de las precampañas y, así, cumplir con lo que estipula la legislación sobre su inicio en la tercera semana de noviembre. Esto, porque retomarán lo que dice la legislación electoral sobre este periodo, que debe iniciar en la tercera semana de noviembre.
De acuerdo con el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las precampañas no deberán durar más de sesenta días. Con la modificación hecha por el INE, dicho periodo finalizaba el 3 de enero del próximo año, sin embargo, con la resolución del TEPJF, tendría que terminar entre el 19 de enero y el 25 de enero.
El pasado 8 de septiembre, el Consejo General del INE había resuelto adelantar dos semanas la fecha de inicio de las precampañas presidenciales y para el Congreso.
En ese entonces, los consejeros que defendieron el cambio argumentaron que, de esa forma, se homologarían los calendarios de los estados donde se renovarán gubernaturas, presidencias municipales y congresos estatales.
No se trata de la primera vez que el Consejo General del INE ajusta los plazos del inicio de precampañas, ya que también sucedió en el proceso electoral federal de 2021 cuando se renovó la Cámara de Diputados.
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