Dos casos se han judicializado en el municipio de Emiliano Zapata, otros en Bochil y Teopisca, así como uno más en Villa Corzo, afirmó Ernesto López Hernández
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ
Erradicar la violencia contra las mujeres no solo tiene que ver con el tema del hombre, sino de todos y todas en general, afirmó Ernesto López Hernández, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas. Lo que se pretende con todas las reformas, incluida la penal, es poner en práctica una serie de acciones para aniquilar este tipo de delitos, pero no solo tiene que ver con los hombres, es de carácter general, señaló Ernesto López al ser entrevistado por los analistas políticos Alejandro Moguel y Tony Guillén, e los estudios del diario Ultimátum.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, añadió, dice que esas agresiones se pueden dar por el estado, servidores públicos, compañeros de trabajo, medios de comunicación, mujeres y particulares. Informó, sin embargo, que en materia de prevención la FGE tiene un programa anual de trabajo y, dentro de sus funciones, se hacen mesas informativas de todos los delitos, pero en este año se ha reforzado el tema de violencia política en ayuntamientos, diferentes dependencias de gobierno estatal y municipal, así como universidades, para dar a conocer a la ciudadanía cuáles son aquellos aspectos que pudieran ser considerados en esa materia. Explicó que la dependencia a su cargo cuenta con 49 expedientes de violencia política en general, pero 22 de esos fueron derivados del proceso ordinario local del 2021, de los cuales ya se resolvieron muchos y se determinó que no había ningún tipo de delito. Agregó que se han judicializado dos, correspondientes al municipio de Emiliano Zapata; uno de Bochil, uno de Teopisca y otro de Villa Corzo.
Estos se llevaron ante un juez y, en algunos casos, ya están vinculados a proceso, como es el caso de Emiliano Zapara en donde una mujer cometió un presunto acto de violencia política de género contra otra mujer. Este caso, expuso, fue protagonizado por una ex candidata de un partido político contra la presidenta municipal, mediante publicaciones hechas a través de redes sociales. “La ley prohíbe que se tomen estereotipos de una mujer para cuestionar el ejercicio de una funcionaria pública.
La pena va de dos hasta seis años de prisión por cada uno de los elementos que se determinen”, sentenció. Sin embargo, también puede haber el concurso de varios delitos en donde se realizan varias acciones y entonces las penalidades se pueden incrementar. Ejemplificó que se podría constituir en un delito penal de violencia política, cuando no se convoque a una mujer a una sesión o que no se le pague su remuneración. Estos serían dos delitos que pueden sumar penalidades, de acuerdo a lo que determine el juez. Reveló que una vez que la Fiscalía a su cargo tiene conocimiento del caso se inicia la investigación, posteriormente se depuran los medios de prueba y finalmente se llevan a juicio. En caso de que la persona agresora resultara culpable y sentenciada por un juez, se le aplicaría la Ley 3 de 3 que le impide participar en futuros procesos electorales.
Afirmó que es importante que existan espacios donde se informe a la ciudadanía sobre los actos que se denuncian en materia de delitos electorales que están siendo investigados. “Hemos llevado a cabo no solo judicializaciones de violencia política contra la mujer, también hemos vinculado a proceso electoral, vinculamos a proceso a cerca de 10 o 12 personas en el asunto de Parral por la quema de las urnas, vinculamos a proceso a cerca de cinco personas más en el tema de quema en Emiliano Zapata, vinculamos a proceso a personas que estaban comprando y recogiendo credenciales en el municipio de Villa Comaltitlán, también a una persona ex funcionaria municipal de Villa Corzo, por un tema de violencia política”.
Indicó que el proceso electoral todavía no inicia, sino hasta el 7 de enero de 2024, pero en este momento existe una serie de cosas que la ciudadanía puede ver con relación a ciertos actores políticos con rumbo al proceso, sin embargo, aún quedan dentro del marco normativo de lo administrativo electoral o de los tribunales electorales. “No hay hasta ahora condiciones relativas a delitos electorales, sin embargo, eso no implica que pudiera haber una denuncia que alguien presente y se analice si representa un ilícito en este rubro”. Señaló que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) puede darles vista de algún caso que pudieran conocer y considere que pueda generar un tipo de delito electoral.
Por ejemplo, los espectaculares y demás propaganda, pero eso es un tema de materia administrativa electoral. Sin embargo, hay un delito que se da dentro y fuera del proceso electoral, que es el de violencia política contra las mujeres en razón de género. “Esto tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos electorales, específicamente de las mujeres, y puede darse dentro de un proceso, cuando se dan los registros de candidaturas, en el ejercicio de las campañas o las acciones que se dan durante el proceso, pero también cuando empiezan a ejercer su cargo pueden ser vulneradas en su derecho político”, afirmó el funcionario.
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