¡Calmados!
Alejandro Moguel/Ultimátum
Luego de que este martes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara el acuerdo para obligar a los partidos políticos nacionales a que postulen al menos cinco mujeres en las nueve gubernaturas que se disputarán el próximo año, trascendió que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene resuelto el tema en siete estados.
Jalisco, Morelos, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México y Puebla son las entidades donde Morena podría resolver ir a las próximas elecciones encabezadas por mujeres y en el caso específico de Chiapas, el género dependería exclusivamente del resultado la encuesta.
De esta manera, Morena resolvería el ajustarse al acuerdo sobre la paridad de género que emitió el Instituto Nacional Electoral.
Así, que calmados, que nadie se adelante a acontecimientos que todavía van a suceder. Este arroz todavía no está cocido.
OTRA CONFRONTACIÓN
Como en todas las pretendidas violaciones a la Constitución General de la República que ha hecho en el pasado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hoy se avizora que van a llover los amparos y las acciones de inconstitucionalidad procedentes de los directamente afectados y de otros actores que están viendo, en la eliminación de 13 fideicomisos, una clara violación a los derechos de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Recordemos que una Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país forma parte.
Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores y las legisladoras federales o locales o, quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna.
El amparo es una de las herramientas jurídicas más utilizadas en México. ¿Por qué? Porque el juicio amparo les permite a todas las personas dentro de nuestro territorio nacional defenderse, de manera pacífica, de los actos de la autoridad pública que violen sus derechos humanos.
De esa forma, se puede adelantar que las acciones de inconstitucionalidad podrían ser presentadas por legisladores de oposición y los juicios de amparo por los trabajadores que se sientan directamente afectados con la desaparición de esos fideicomisos.
De todas formas, hasta ayer el proyecto había sido avalado en comisiones, pero todavía iba a pasar al pleno y, dependiendo de su resolución se sabrá si habrá o no esas acciones legales.
Porque, hay que recordar también que algunos senadores reconocieron que la eliminación de algunos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) afectará los derechos laborales de miles de trabajadores del sistema de justicia y si es así probablemente podrían conservar los fideicomisos que constituyen derechos de los trabajadores.
Al revisar la minuta enviada y ya aprobada por la Cámara de Diputados, las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, advirtieron que la medida sí tendría efectos negativos, pero señalaron que los trabajadores recuperarán su dinero.
De acuerdo con el documento del Senado, el dinero de los fideicomisos es utilizado por el PJF para pagar pensiones complementarias a jueces y magistrados jubilados; pensiones complementarias mando superior, mandos medios y personal operativo de la SCJN; mantenimiento de casa habitación para jueces y magistrados.
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