ECOLOGÍA HUMANA

Notas para una agenda ambiental 2024
(PRIMERA PARTE)

Amado Ríos Valdez/Ultimátum

Escribo estas notas para una agenda ambiental en el 2024, pensando en generar ideas y debates que ayuden a conformar una pro­puesta más amplia e integra­dora que permita que la agen­da ambiental, los temas del cambio climático y el apro­vechamiento sustentable de nuestra riqueza natural, nos permitan proponer ideas vá­lidas, tangibles y prácticas para que sean incorporadas en las acciones y planes de go­bierno, gane quien gane, por­que estoy convencido de que son temas que rebasan las vi­siones partidarias o de grupo y que deben ser promovidas por toda la sociedad, inclu­yendo por supuesto a quienes tengan una responsabilidad en cualquier cargo público.

1. QUE EL QUE CONTAMINE PAGUE

Los costos ambientales del desarrollo han sido gene­ralmente pagados por la so­ciedad en su conjunto, no solo en lo económico, sino tam­bién en su salud y su bienes­tar, no obstante, los grandes generadores de contaminan­tes sean empresas privadas o públicas, no han internali­zado los costos ambientales de sus acciones, provocando que sea el estado, la sociedad civil o las organizaciones so­ciales las que se hagan cargo de combatir la contamina­ción de aire, agua y suelos y sus efectos. El gobierno debe promover que los generado­res de agentes contaminantes o de malas prácticas ambien­tales y sociales, sean públicos o privados, se hagan cargo de sus acciones e internalicen en sus costos la prevención, eliminación o compensación de sus impactos ambientales.

El gobierno debe ser proactivo y promover los cambios normativos nece­sarios para que las empre­sas públicas y privadas, las organizaciones, activida­des o personas que generan contaminantes e impactos ambientales negativos ha­gan los cambios necesarios y urgentes para que dejen de contaminar y se hagan car­go de eliminar o reducir, al mínimo posible, los efectos y actividades que generen da­ños al medio ambiente y la sociedad.

2. INCORPORAR LA POLÍTICA AMBIENTAL EN TODAS LAS ACCIONES DE GOBIERNO

Para combatir y prevenir con efectividad la contamina­ción ambiental y sus efectos, en el sentido más amplio, se requiere abandonar defini­tivamente la visión sectorial e incorporar políticas y ac­ciones de bienestar socioam­biental en todas las políticas públicas, planes y acciones del gobierno y en todas y ca­da una de sus instituciones. La visión sectorial debilita y encasilla en una institución y a unos cuantos funcionarios públicos la responsabilidad de combatir los efectos negati­vos en el medioambiente y en la sociedad de las actividades productivas. La responsabili­dad de minimizar o eliminar la contaminación, así como el combate a la crisis climática mundial, debe ser responsa­bilidad de todas las institucio­nes de gobierno sin excepción.

Internalizar los costos ambientales no solo es una responsabilidad de las em­presas privadas y públicas que generan daños socioambien­tales, es una obligación, por ello el próximo gobierno y sus instituciones públicas deben realizar planes y ejecutar ac­ciones para disminuir y elimi­nar sus impactos ambientales tanto en las obras públicas, como en las adquisiciones, re­paraciones, instalaciones, en el uso de vehículos públicos, transporte público, compras de consumo diario, consumo de energía, disposición de re­siduos, etc. En todas y cada las actividades del gobierno y en todas y cada una de las ins­tituciones se deben elaborar planes y se aplicarán acciones para eliminar la huella de car­bono y reducir drásticamente los efectos socioambientales negativos.

3. UN GOBIERNO QUE SEA EJEMPLO DE SUSTENTABILIDAD PARA TODA LA SOCIEDAD

En las compras del go­bierno se deben privilegiar como proveedores a las em­presas sociales, cooperativas, ejidos, comunidades, empre­sas privadas y públicas que cuenten con certificaciones ambientales y sociales, a los productores orgánicos, de comercio justo, igualdad de género, etc. Siendo el gobier­no y sus instituciones uno de los principales motores de la economía en el país, éste tendrá la responsabilidad de dar el ejemplo y propiciar las cadenas productivas susten­tables a partir del consumo ambiental y socialmente res­ponsable. En todas las obras públicas y en las adquisicio­nes de gobierno y las licita­ciones, se debe dar un valor igualmente importante a las medidas socioambientales como a las técnicas y las eco­nómicas para decidir sobre las distintas ofertas y serán un factor definitorio en caso de que las ofertas empaten en los otros factores.

4. GOBIERNO CON ADQUISICIONES AMBIENTAL Y SOCIALMENTE RESPONSABLES

En las adquisiciones de papel, mobiliario y equipo de madera y otros derivados, las compras de gobierno deben privilegiar como proveedores a los ejidos y comunidades certificadas ambientalmente. Las compras de consumibles igualmente darán prioridad a las empresas sociales de pro­ductos orgánicos, de comercio justo y con igualdad de género.

Para favorecer el con­sumo responsable y a los productores locales en ca­da región del país, el estado mexicano debe promover los mercados en los pueblos, ba­rrios y colonias y apoyar a los productores para que vendan sus productos directamen­te al consumidor, no solo en los pueblos y comunidades, sino también, y con especial énfasis, en las grandes ciuda­des. Se impulsará una política proactiva para reducir la hue­lla de carbono de los produc­tos de consumo cotidiano de la sociedad mediante el apoyo a los productores locales y la venta de sus productos direc­tamente al consumidor me­diante tianguis o mercados de productores, con ello se espe­ra beneficiar a los producto­res, a los consumidores y a la sociedad al reducir la huella de carbono de los productos.

5. GOBIERNO CON IMPULSO AL TRANSPORTE SUSTENTABLE

En el uso de vehículos oficiales y en todas las activi­dades se debe dar prioridad a los transportes que no consu­man combustibles fósiles y si no existe en el mercado una oferta ecológica, se optará por la menos contaminante disponible. El estado mexi­cano impulsará y apoyará las iniciativas de los gobiernos de los estados y los municipios en los que se realicen obras para beneficiar los transpor­tes públicos ecológicos y las compras de consumibles e infraestructura certificada ambiental y socialmente. Y en sentido inverso, el go­bierno federal no apoyará los proyectos que impliquen el uso de tecnologías, insumos o prácticas contaminantes si en el mercado existen opciones más limpias y ecológicas.

6. INFRAESTRUCTURA VERDE PARA TODAS LAS CIUDADES DEL PAÍS

El gobierno federal im­pulsará en todas las ciudades del país, tomando en cuenta que mayoría de la población vive en entornos urbanos, la creación de infraestructura verde, la ampliación de par­ques, jardines y del espacio público, la recuperación y fo­restación de áreas propicias en cada colonia para fomen­tar la convivencia, el sentido de comunidad, el orgullo, la autoestima social y ampliar los espacios y áreas verdes. Se promoverá en cada una de las ciudades el objetivo que mar­ca la Organización Mundial de la Salud de que existan por lo menos 12 metros de área verde por habitante.

amado.rios@gmail.com