Los asesinatos y desapariciones de periodistas son un claro síntoma del abatimiento de la justicia en el país. La impunidad casi total de agresiones y amenazas a la libertad de expresión sólo significa el desprecio que hay por este derecho dado que las víctimas no representan costo para nadie, ni tampoco pueden pagar para defenderse, a diferencia de grandes protagonistas de escándalos de corrupción. Los atentados contra la prensa son parte del paisaje de la tupida fronda de la violencia generalizada que, cada sexenio, rompe la marca del anterior: más de 150 mil asesinatos en el de López Obrador. Una hoja más de la “nota roja” que recoge el ataque mortal contra Ismael Villagómez, fotógrafo de El Heraldo de Juárez hace unos días, y ahora la desaparición de tres periodistas en Taxco en un “levantón” de un grupo armado. De norte a sur, todos comparten el mismo espacio geográfico de falta de garantías para resistir el silenciamiento de la “libertad de expresión”. También tienen en común que, apenas llegan a ser noticia, desaparecen en la estadística. Son “otro más” en la cuenta de 43 periodistas asesinados en el sexenio. Se pierden sin la notoriedad de los conflictos que generan inestabilidad y riesgo político como choques con la Corte, fideicomisos del Poder Judicial o los escándalos de corrupción que, paradójicamente acaparan la atención en nombre de la defensa de derechos. Pero, acaso la prensa está fuera del entramado legal y sus muertos son sólo daño colateral de la violencia criminal como en anteriores gobiernos.
El de López Obrador no ha intentado reforma alguna para frenarla. El periodismo no está en el mapa de la política ni de abogados, jueces y magistrados, salvo cuando quieren recuperar controles autoritarios de la “prensa oficialista” para ocultar omisiones en la protección de los mismos derechos o litigar en medios fallos inexplicables, encarecer y negociar la justicia, o ganar la batalla de la percepción en los diferendos entre los Poderes. México, según un último informe de RSF, está entre los peores lugares en cuanto al entorno legal para el trabajo de la prensa. No por falta de leyes, sino por la ineficacia de todo el entramado de la justicia para investigar y castigar crímenes contra un gremio que malvive en relaciones informales. La informalidad no está sujeta a la legislación y por eso las transgresiones son difíciles de detectar. Sin un ambiente en que prevalezcan las garantías legales, la violación a la libertad de expresión se expresa en autocensura, desaparición y muertes. Su desencuentro con la justicia continuará, al igual que la zaga de crímenes que mantienen al país como uno de los más peligrosos para la prensa. La atención de las autoridades está menos en prevenirlos que en expurgar a las víctimas en su afán de reducir la numerología eliminando a las que no comprueben sus credenciales de periodista, como en las cifras de desaparecidos que no avisen de su muerte.
El desdén por la agonía de la prensa es prueba irrefutable del déficit de justicia ante tres fuentes de amenazas: la primera, el silenciamiento por parte de autoridades con la misma fórmula de “plata o plomo” del crimen organizado, a través de mecanismos de censura directa e indirecta como la asignación discrecional de publicidad oficial. Uno de los principales controles de la “prensa oficialista” al que no renunció ningún gobierno democrático, en desacato con órdenes de la Corte para regularlo. En segundo lugar, el linchamiento de periodistas desde la tribuna presidencial en el esquema amigo-enemigo de la polarización. Estigmatizar como corruptos y aliados de la oposición desvaloriza su trabajo y genera atmósferas de violencia contra ellos, particularmente en los estados. Y, tercero, la penetración del dinero del narco en las redacciones para influir en los contenidos y difundir la propaganda de los cárteles. ¿Qué dicen los candidatos presidenciales ante la agonía de la prensa? ¿Cuáles iniciativas del Legislativo y del Judicial para mejorar el entorno legal del debate público? ¿Qué piensan las nuevas candidatas a ministras de la Corte?
