Damián Montes/Ultimátum
TGZ
Jubilados de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) denunciaron al empresario Rodolfo Granda Sánchez por no pagar en su totalidad un terreno que le fue vendido, tiempo atrás, para lo cual en contubernio con otras personas se valió de diferentes artimañas.
De acuerdo con Marbella Arriaga, afectada y vocera del grupo, ha ocurrido una serie de irregularidades para despojarlos de un predio de 37 hectáreas.
En el año 1983, un grupo de 328 trabajadores de la universidad adquirieron, a través del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNACH (STAUNACH), un predio de más de 37 hectáreas, localizado a un costado de las Torres KN, siendo el secretario general de la organización, en ese momento, Ricardo Flores Culebro.
Los trabajadores administrativos y académicos de la universidad pensaban construir un patrimonio en este punto, para ello, se integró en 1997 la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Universitario A. C.
Relató que en 2008, Omar Flores, secretario general del STAUNACH, enajenó indebidamente el predio con una constructora por la cantidad de 25 millones de pesos, a través de un notario de Córdova, Veracruz.
En 2010, los legítimos propietarios iniciaron una demanda para recuperar el terreno, lo cual se consiguió años después, habiendo perdido siete hectáreas por los 25 millones de pesos que se llevaron Omar Flores y sus secuaces.
Con un nuevo comité integrado por María Eugenia Villatoro Parada, Eradio Zavala de los Santos, José Cutberto Parada Cortés, Ricardo Camacho Ruiz y José Ramiro Culebro Sosa, se decidió, en una asamblea, vender el predio para que los trabajadores de la universidad recuperan su inversión.
Fue así como el nuevo comité llevó a cabo negociaciones con el empresario Rodolfo Granda Sánchez, propietario de ICE Promotora Habitacional, derivando en la creación de un Fideicomiso, a través de ACTINVER Banco.
Marbella expuso que en este fideicomiso se estipuló un calendario de pagos, del cual el empresario solo hizo dos liquidaciones y de ahí hasta la fecha no han recibido ningún dinero más.
Precisó que de estas dos entregas una fue de 25 millones y la segunda de 12 millones, de un total de 211 que se habían acordado.
Expuso que: “desde el segundo pago el comité directivo de nuestra asociación no volvió a convocar a ninguna asamblea, por lo que recurrimos al Registro Público de la Propiedad para recabar información de lo acordado, habiendo encontrado una serie de acuerdos celebrados entre el comité y Rodolfo Granda Sánchez, sin conocimiento de la asamblea”.
Los afectados señalan que estos documentos tenían firmas procedentes del pase de lista, para aparentar que era un acuerdo de asamblea, lo cual es totalmente fraudulento.
Ante esta grave situación, en 2020 se entabló una demanda legal solicitando al comité directivo de la asociación rinda cuentas del fideicomiso y es la fecha en que los Jueces Alberto Cal y Mayor Gutiérrez y Roberto Antonio Alfaro Alfaro se han valido de mil artimañas para no dictar sentencia a su favor.
En 2023 entablaron una nueva demanda, para que se haga justicia en este caso, en donde los hoy jubilados han sido estafados en diferentes ocasiones por personas sin escrúpulos.
Por ello, hacen un llamado a las autoridades para atender esta situación y frenen este abuso lo antes posible.

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