“Tres gobernadores en Nuevo León”
Rodolfo L. Chanona/Ultimátum
En la hora cero del día 02 de noviembre del año en curso, pudimos presenciar por primera vez en la historia de Nuevo León, conjuntarse en palacio de gobierno a tres gobernadores (Luis Enrique Orozco, Gobernador interino; Javier Navarro encargado del despacho y Samuel García Gobernador Constitucional), casi al borde de una crisis constitucional en ese Estado.
Crisis política ocasionada por el Gobernador Constitucional neoleonés, mediante una serie de chicanadas jurídicas con el objetivo de obstaculizar y manipular la designación del gobernador interino por parte del Congreso del Estado, tal y como lo dispone la Constitución de Nuevo León.
En esta crisis política neoleonesa, se presenció una serie de actos cuestionables y de un profundo análisis, como es el caso de la irrupción al Congreso del Estado por un grupo de simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano, detonando una bomba de humo durante la sesión, en la cual, se discutía la designación del gobernador interino que sustituiría a Samuel García, durante su lanzamiento en la carrera presidencial.
La intervención de un Juez Federal de la Ciudad de México, otorgando una suspensión definitiva para que el Congreso de Nuevo León, designara gobernador interino por unanimidad y del mismo partido del gobernador constitucional con licencia; arrogándose este juzgador, funciones de legislador, imponiendo requisitos adicionales a los expresamente establecidos en la Constitución local. Siendo un caso que seguramente, tendrá que revisar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.
Suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, de la licencia temporal que se le había otorgado por el Congreso del Estado a Samuel García, hasta que el nuevo gobernador interino tomara posesión y luego su posterior sobreseimiento.
Decretos irregulares, expedidos por el Ejecutivo del Estado, designando al palacio de gobierno como el único recinto oficial del poder ejecutivo y el único lugar para recibir notificaciones, cerrándose dicho palacio con todo un destacamento de fuerza civil al interior, convirtiéndolo en un Búnker de guerra.
La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgando una suspensión provisional en la ampliación de demanda de la Controversia Constitucional promovida por el legislativo local, garantizando la titularidad en el cargo del Poder Ejecutivo del Estado; avalando la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, designado por el Congreso local, en una correcta función de contrapeso institucional.
Un gobernador indeciso entre competir electoralmente o quedarse a gobernar su estado; demostrando su inexperiencia política, pretendiendo solucionar todo en el último momento, decidiendo de forma fast track reasumir sus funciones como Gobernador Constitucional e informando que no participaría en el proceso electoral federal 2023-2024.
Un Congreso del Estado, amagando al ejecutivo a través de su página electrónica, al señalar que continúa vigente su licencia para separarse del cargo como gobernador, toda vez que, se había sobreseído la suspensión concedida para que no se retirará del cargo, por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado; señalando Mauro Guerra Villarreal Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que “Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quería quedarse ilegalmente en su cargo, sería bajo su responsabilidad constitucional y electoral; reiterando que no existía ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, ya que esta se encontraba vigente”; tema que seguramente será parte de un debate jurídico.
Mensajes a la ciudadanía por parte de Samuel García, lanzando ataques en contra del PRI y del PAN, amenazándolos con borrarlos del mapa en las elecciones del 2024, criticando a Xóchilt y Sheinbaum candidatas presidenciales, en contravención al artículo 134 Constitucional y al principio de neutralidad, para no incidir en las contiendas electorales en su calidad de servidor público, entre otras series de acciones institucionales que serán materia de análisis en los próximos días.
Estos actos dejaron en evidencia a un joven político, pretendiendo desacatar la Constitución local e ignorando las facultades de otro órgano del Estado, confirmando una falta de oficio político, al demostrar que en dos años de gobierno, no pudo tender un puente con el Congreso del Estado, en donde la mayoría de los legisladores son de otros partidos políticos; detonando su actuar en una crisis política en el Estado.
El ataque al legislativo local debe ser considerado inadmisible y por lo tanto ser sancionado, toda vez que, con esta acción se cometieron diversos delitos como el de sedición y desorden público, tipificados en el Código Penal de Nuevo León y lo más grave es que el actuar de Samuel García, lo pone muy cerca de la línea, de una probable responsabilidad política y legal ante toda la evidencia generada de estas acciones y chicanadas; esto, sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que podría haberse hecho acreedor.
La principal reflexión que debemos hacer la ciudadanía y la clase política de nuestro país de lo sucedido en Nuevo León, es en relación a la importancia de fortalecer a las instituciones del Estado mexicano y la división de poderes, ante el cada vez más común surgimiento de personajes en la escena política y en el ascenso al poder, con características egocéntricas, sin empatía, inflexibles, mentirosos, manipuladores, poco negociadores, con sentimientos altos de superioridad y autoritarismo que generan crisis e inestabilidad política.
O bien, preguntarnos si ¿estaremos ante un posible retroceso autoritario y ante un cambio de régimen político? en México, propiciado por la misma ciudadanía y su clase política, en un franco retroceso de los principios democráticos que han caracterizado a los países desarrollados.
