ECOLOGÍA HUMANA

Notas para una agenda ambiental 2024
(TERCERA Y ÚLTIMA PARTE)

Amado Ríos Valdez/Ultimátum

13. GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y DRENAJE COMO DERECHO HUMANO UNIVERSAL

El acceso al agua pota­ble y al drenaje sani­tario es un derecho humano garantiza­do por nuestra Constitución, sin embargo, aún existen co­munidades rurales y urbanas que no tienen estos servicios públicos esenciales. Para lo­grar un pleno derecho univer­sal al agua debemos superar dos grandes retos: por una par­te, las reservas de agua potable son finitas y muchas de ellas están contaminadas; y por otra parte existe una distribución desigual que privilegia a los sectores productivos y limita el acceso a las comunidades y colonias más pobres y alejadas. Sumado a estos grandes retos está el del consumo ineficiente e inequitativo. Es inhumano e insostenible que mientras exis­ten colonias o fraccionamien­tos que riegan con agua potable extensos jardines y campos de golf, haya poblaciones enteras, colonias y comunidades, miles de personas que no tienen agua potable para sus necesidades más básicas.

El próximo gobierno de­berá poner en el centro de las prioridades el acceso universal al agua y el drenaje sanitario y hacer los ajustes y las acciones necesarias para que ninguna persona carezca de este recur­so básico. Al mismo tiempo es fundamental impulsar una campaña intensa de comu­nicación y de educación para que el uso del agua sea racio­nal, equitativo, que privilegie el consumo humano y que garan­tice su uso responsable actual y de las generaciones futuras; además, se deben hacer los máximos esfuerzos en acciones y obras para combatir la conta­minación del agua superficial y de los mantos freáticos. El go­bierno debiera enfatizar en las obras y actividades que ayuden a recargar los mantos freáticos de las ciudades para disminuir y evitar la sobreexplotación de las fuentes de agua de comu­nidades y poblados alejados de las grandes urbes, así como para evitar la exportación de fuentes de agua contamina­da a poblaciones fuera de las ciudades.

En las grandes ciudades, tomando en cuenta que la ma­yoría de los mexicanos y mexi­canas vivimos en zonas urba­nas, se privilegiará el agua po­table para consumo humano y se impulsarán obras y activida­des para tratar las aguas grises para su reúso en los parques y jardines, avenidas, camellones y áreas verdes urbanas en ge­neral. Se eliminará y prohibi­rá el uso de agua potable para riego de áreas verdes urbanas. En el campo se promoverán tecnologías y actividades que ayuden a eficientar el agua para riego, de manera que se minimice la pérdida de agua potable por evapotranspira­ción y se aprovechen lo mejor posible las dotaciones de agua para la producción agrícola.

14. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MODERNO, CON APOYO EN LA CIENCIA Y QUE ELIMINE LA CORRUPCIÓN Y LA SIMULACIÓN

El modelo conceptual para las metodologías, pro­cedimientos y trámites de las actividades y obras que se someten al procedimiento de evaluación del impacto am­biental parte de la década de los 80s del siglo pasado. Han pasado más de cuarenta años bajo la misma conceptualiza­ción y normatividad y tanto la ciencia como la propia ex­periencia de su aplicación en México han demostrado que se necesita un cambio sustan­cial, no de forma y superficial como se ha hecho en los últi­mos gobiernos, sino de fondo. Este cambio debe impulsarse para que el impacto ambiental deje de ser una simulación, un trámite burocrático inservible para todo efecto práctico y una fuente de injusticias, corrup­ción y malos manejos.

Se deben promover refor­mas legales, metodológicas y de procedimientos para hacer más sencillo, eficiente y mo­derno el cumplimiento del im­pacto ambiental. Es esencial eliminar toda posibilidad de discrecionalidad en la toma de decisiones sobre el impacto ambiental, donde hay discre­cionalidad hay oportunidades para la corrupción y se le deben cerrar todas las posibilidades; promover la creación de co­mités científicos, técnicos y de ciudadanos que coadyuven con las autoridades y compartan la responsabilidad legal y científi­ca de la toma de decisiones; im­pulsar la participación efectiva y vinculatoria de estados y mu­nicipios, así como una verdade­ra descentralización de funcio­nes para desarrollar un verda­dero federalismo, respetuoso de los poderes y de los saberes locales. A la par de lo anterior, propiciar la incorporación de los últimos avances científicos y tecnológicos para el impulso de normatividad específica, moderna y de fácil acceso para incentivar la autorregulación y eliminar la burocracia y al mis­mo tiempo para que las auto­ridades tomen las decisiones del impacto ambiental con el apoyo de la ciencia.

15. MINERÍA SUSTENTABLE Y RESPETUOSA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LAS COMUNIDADES

La minería es indispen­sable hoy en día en nuestras sociedades. Todos los produc­tos que usamos o consumimos tienen algo que ver con la ac­tividad minera. No podemos prescindir de ella. Lo que se necesita es que sea una acti­vidad con estrictas medidas y controles ambientales y socia­les para que no tenga impactos negativos significativos o irre­versibles al medio ambiente. Generar normatividad para que solo se pueda hacer mi­nería sustentable y que no sea posible ningún tipo de minería dentro de las áreas naturales protegidas.

Se debe generar a su vez un gran acuerdo con empre­sas mineras, con la Cámara minera, pero también con la academia, la ciencia, las orga­nizaciones civiles, los pueblos y comunidades indígenas para que se genere una política na­cional de Minería Sustentable. Ese gran acuerdo, los foros y las políticas deberán promoverse desde el periodo de transición al próximo gobierno. Dentro de este mismo acuerdo de­be incluirse el litio, ya que la mayoría del que existe en te­rritorio mexicano sólo puede extraerse mediante la técnica de tajo abierto y este es devas­tador de grandes superficies y muy contaminante. Que el litio sea una actividad reser­vada a la federación no debe excluirlo, para que se legitime, de un gran acuerdo nacional por la minería sustentable. De­ben incluirse además todos los minerales estratégicos para el desarrollo industrial y tecnoló­gico de México.

COMENTARIOS FINALES

La política ambiental en los próximos años debe ser, sino es que ya lo está siendo a nivel mundial, un asunto de altísima prioridad en la ela­boración de estrategias para el desarrollo del país, dada la acumulación incesante de da­ños a nuestro medio natural y nuestra riqueza natural y las abundantes señales de alerta por la crisis climática mundial.

La elaboración de una agenda ambiental nacional no debiera estar secuestrada por los funcionarios del próxi­mo gobierno, sino que debiera generarse por medio de una gran foro nacional integral e incluyente de todas la voces y todas la visiones. Creo que son preferibles las estrategias con­sensuadas, aunque no sean las mejores, porque incorporan la visión de la mayoría y son más factibles de implementarse.

Lo planteado en estos tres artículos son solo algunos pun­tos de lo que debería contener la agenda ambiental para los próximos años y es indudable que deben enriquecerse y am­pliarse. Los 15 puntos propues­tos los escribí al vuelo y para la contribución de un libro. Espero que podamos abrir el debate para fortalecer, com­pletar e impulsar los temas fundamentales para la agenda ambiental para el 2024 y años posteriores.

amado.rios@gmail.com