El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, tomó una decisión drástica y cambió el esquema de trabajo que de manera regular se mantenía, y es que la falta de presupuesto derivado de ajustes por fin de año, aplicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo llevaron a ordenar, a través de una circular fechada el primero de diciembre, que hasta nuevo aviso se suspenden los traslados y deportaciones de migrantes a sus países de origen. En la circular 596 – 2023, con fecha del primero de diciembre, dirigida a todos los mandos del INM en el país, que fue confirmada y difundida gracias a un cable de la agencia AP, se informa que “en relación a las disposiciones específcas para el cierre del ejercicio presupuestario 2023…en el mes de noviembre se suspendió el pago de las obligaciones contraídas”. Precisa que ante “la falta de liquidez para cubrir los compromisos” a partir del primero de diciembre se suspende el servicio aéreo para el traslado de personal y migrantes para retornos asistidos, los servicios de transporte terrestre para el traslado de migrantes irregulares y las comisiones de agentes federales migratorios en el país y sus comisiones al interior de los estados, mayores a 50 kilómetros”. La medida adoptada por el INM tomó por sorpresa no sólo a las autoridades de las entidades del norte del país, que enfrentan una crisis migratoria, sino también a las de otros países como Venezuela y Cuba, que tienen convenios de repatriación de migrantes indocumetados con México.
Además, la suspensión de las deportaciones, en opinión de Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras, facilitará a los agentes migratorios que extorsionen a los migrantes para dejarlos pasar y seguir su ruta rumbo a la frontera norte. Mujica, entrevistado por El Universal, señaló que los famosos operativos de rescate de migrantes, comunes a lo largo del año en todo el país, seguramente van a decender en estos días, porque el INM carece de dinero para pagar los traslados. “Los van a dejar que sigan su camino a cambio de dinero”, afirmó. “Sabemos que el INM hace tiempo no está deportando, sino simplemente está conteniendo la migración y ahora no siquiera los puede regresar a la frontera sur”, dijo el activista. Indicó que México no tiene una política migratoria, sino un negocio migratorio. “Si no hay pago, no hay traslado, no hay movimiento, y el INM sólo está como adorno, cobrando cuotas o negociando para dejar pasar a los migrantes, porque saben que no tienen la capacidad de trasladarlos para atrás”.
La reciente suspensión de traslados y devoluciones de migrantes en situación irregular, originada por la falta de presupuesto del INM, ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades de las entidades y municipios que colindan con la frontera con Estados Unidos. La alcaldesa de Piedras Negras (Coahuila), Norma Treviño Galindo, convocó a una reunión urgente con el comandate de la 47 zona militar, general Fidel Mondragón, y la comisionada de Relaciones Bilaterales entre Coahuila y Texas, Sonia Villareal, para implementar operaivos estratégicos a cargo del ejército y las policías estatales en puntos cruciales como Torreón, Paredón, Frontera y Sabinas (Coahuila), para contener las caravanas de migrantes que emplean el ferrocarril para llegar a Piedras Negras.
Asimismo, entre los acuerdos alcanzados, se destaca la propuesta de apoyar económicamente al INM a nivel local, para evitar la suspensión de traslados en camiones y operativos para asegurar a migrantes que se encuentran sin estancia legal en México. La orden del titular del INM, que no se divulgó de forma pública, llega cuando la región está punto de cerrar un año récord en el flujo de migrantes en dirección a Estados Unidos. De enero a octubre de este año, las autoridades mexicanas han interceptado a casi 590 mil migrantes en situación irregular en el país, un fuerte aumento en comparación a las 440 mil del año pasado y las 310 mil de 2021. Sin embargo, este año bajó drásticamente el número de migrantes que México devolvió a sus países. Según las estadísticas del gobierno federal, van 51 mil de enero a octubre frente a los casi 122 mil de todo el año pasado y más de 130 mil en 2021. En este sentido, la prensa cubana señaló que hace algunos días, el diario independiente 14ymedio contactó con una fuente dentro del gobierno de México que reveló que la devolución vía aérea de cada indocumentado cubano hacia La Habana tiene un costo de casi 300 dólares, lo cual se hace insostenible si en realidad se quisiera deportar a todos los nacionales de la isla que están sin estatus regular en México. RDM