Algo extraño pasa en los números oficiales sobre los beneficiarios de la pensión para adultos mayores que distribuye la Secretaría del Bienestar. Una de dos: o el Consejo Nacional de Población (Conapo) ha subestimado la cifra de mexicanos que tienen 65 años o más (el grupo de edad que tiene derecho a recibir la mencionada pensión universal) o se está otorgando ese derecho a varios centenares de miles de personas que no existen. Verá usted: el pasado viernes 8, la secretaria del Bienestar acudió a la conferencia mañanera en Palacio Nacional para “informar sobre el avance de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, así como la inversión social en este sexenio” (estoy transcribiendo textualmente el comunicado). La secretaria Ariadna Montiel Reyes reportó allí que, “al cierre de 2023, 11 millones 841 mil 561 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben este derecho que consagra el artículo 4° constitucional a partir de los 65 años, con inversión social anual de 339 mil 341 millones de pesos”.
La funcionaria agregó que “actualmente el monto de la pensión es de cuatro mil 800 pesos y en enero de 2024 aumentará 25 por ciento, por lo que pasará a seis mil pesos bimestrales”. El problema con el número oficial de pensiones otorgado es que rebasa, en un porcentaje que va del 8.1% al 11.6%, el total mexicanos de 65 años y más reportado por Conapo. En el apartado de datos abiertos de su página web, la dependencia da cuenta de una estimación del número de habitantes del país para los años que corren del 2020 al 2070. Para el corte de medio año de 2023, calcula que hay 10 millones 612 mil 156 mexicanos, de entre 65 y 109 años de edad (4 millones 796 mil 604 hombres y 5 millones 815 mil 552 mujeres). Para el corte de inicios de 2024, la cifra asciende a 10 millones 953 mil 370 (5 millones 49 mil 54 hombres y 5 millones 904 mil 316 mujeres). El número actual podría situarse entre ambos extremos. Eso quiere decir que quizá Conapo subestimó la población de adultos mayores, de 65 y más, en un margen que va de 888 mil 191 a un millón 229 mil 405 personas. O bien, que en ese mismo rango se encuentra el número de pensiones que se están pagando sin que exista el beneficiario correspondiente. Si ese último fuera el caso, equivaldría a una erogación de recursos públicos sin destino claro por un monto que iría de los 24 mil 869.3 millones de pesos a los 34 mil 423.3 millones de pesos, con una pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales, y que podría subir el año que entra, cuando la pensión crezca a 6 mil pesos bimestrales, hasta los 44 mil 258.5 millones de pesos, siempre y cuando no aumente el número de beneficiarios.
En un texto publicado en la edición de diciembre de la revista Nexos, Carlos M. Urzúa, primer secretario de Hacienda del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenta sobre el tema, en el marco de una explicación sobre la herencia financiera que dejará esta administración a la siguiente. Urzúa detalla que el gobierno federal solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 465 mil millones de pesos para financiar las pensiones de adultos mayores en 2024. “De acuerdo con Conapo –escribe–, la cifra estimada de adultos mayores (de 65 y más) será, a mediados del año, de 11 millones 217 mil 534. Haciendo una suposición heroica de que todos estarán adscritos al programa, y recordando que la pensión bimestral aumentará a 6 mil pesos, la Secretaría del Bienestar erogaría, por tanto, 404 mil millones de pesos por concepto de pensiones no contributivas. Si a esa cantidad se le suman, para ser generosos 11 mil millones de pesos de nómina y gastos de operación, quedarían 50 mil millones de pesos, limpios de polvo y paja, para otros menesteres”. El asunto no es menor y no debe quedarse sin aclaración. O varios cientos de miles de mexicanos se quedaron sin ser contados o falta conocer el destino de varias decenas de miles de millones de pesos de recursos públicos.
