Garantizado un proceso seguro, libre y auténtico

El IEPC cuenta con el apoyo de los tres poderes del Estado para la realización de las elecciones del próximo 2 de junio de 2024: Magdalena Vila Domínguez

Eugenio Hernández Sasso | Ultimátum

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) no está solo, cuenta con el respaldo de los tres poderes del estado para llevar a cabo un proceso electoral seguro, libre y auténtico, en el que la ciudadanía pueda expresar su derecho al voto el 2 de junio del presente año, afirmó María Magdalena Vila Domínguez, presidenta de esta institución en la entidad. Entrevistada por el director general del diario Ultimátum, Amet Samayoa Arce, y el analista político Javier Guízar, en los estudios de esta casa editorial, Vila Domínguez refrendó su compromiso con la democracia y dijo que trabajan muy fuerte para llevar este proceso a buenos términos. “A los actores políticos no me queda más que decirles que esperemos los tiempos, cada vez falta menos, no mandemos mensajes equivocados de que son personas que violentan la ley, la norma, porque eso no es lo idóneo. Las reglas y los tiempos no los puso el instituto, los dio el Congreso del Estado y hay que cumplirlas y respetarlas”, sentenció.

Reveló que el presupuesto que ejercerá el IEPC en la elección de 2024 es de mil 150 millones 444 mil pesos, el cual comparado con los 860 millones del 2021 es mucho dinero, pero en aquella ocasión no hubo elección de gobernador del estado. Recalcó que hoy en día las elecciones son confiables, “es impensable hablar de fraudes electorales”, porque los partidos acreditan a sus representantes y tienen la facultad de contar con supervisores generales que vigilan que estén las personas asignadas por sus institutos políticos en el lugar.

INSEGURIDAD PREOCUPANTE

Manifestó que uno de los temas que más le preocupan es el de la inseguridad, “porque se escapa de las manos del Instituto el control”. Nosotros, añadió, “somos expertos y el Instituto está preparado y este año cumple 30 años en hacer lo suyo que es organizar elecciones, pero hay temas que se escapan de nuestras manos como es el de seguridad, el tema de la violencia”. Señaló que lamentablemente han escuchado noticias de que están matando a ciertas personas que tenían aspiraciones políticas y eso es preocupante. Recalcó que necesitan saber a qué se van a enfrentar, porque en 2021 les robaron la paquetería electoral en dos lugares “y aún después de la elección hay factores que pueden incidir en que nos roben los paquetes ya con los votos”.

En casos como estos, indicó, el IEPC se podría quedar sin elementos necesarios para validar la elección. “Si no tenemos la seguridad de tener toda la documentación electoral completa, válida, legible y demás, se corre el riesgo de que se pueda llegar a la anulación”, advirtió. Sin embargo, desde el mes de octubre instalaron la mesa de seguridad para generar las condiciones adecuadas. Añadió que les han informado que están trabajando mucho para generar los escenarios requeridos para tener elecciones tranquilas, pacíficas y sin violencia. Aunado a ello, mencionó la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque ha sido un factor pre­ponderante en las campañas electorales.

Acciones violentas contra ellas pueden llegar a inhibir la participación de las mujeres y debe haber una comprensión más allá de una cuota porque es igualdad de oportunida­des.

Hay ocasiones en que las insultan, les dicen sobrenom­bres o las denostan.

Hay resistencia a la aper­tura de que las mujeres pue­den participar en los cargos de elección popular, declaró.

FOCOS ROJOS

Recalcó que no tienen un registro formal de focos rojos, pero los datos con que cuenta el IEPC son de algunas difi­cultades que tuvieron cuando fueron a difundir las convo­catorias para los consejos y la ubicación de los inmuebles.

Afirmó que esto lo han platicado en la mesa de se­guridad y les han informado que están trabajando para generar contextos idóneos, a efecto de que se hagan todas las elecciones y hasta ahora no tienen certeza de que no se vayan a realizar en algún municipio de la entidad.

Indicó que ya se cerraron formalmente los procesos electorales extraordinarios que tenían pendientes en dos localidades, para que no se empalmaran con el ordinario que acaba de comenzar el 7 de enero.

PROCESOS SANCIONADORES

Señaló que pueden darse casos de personas que no ob­tengan su registro. Explicó que el 14 de diciembre sancio­naron a personas que violen­taron la normatividad elec­toral, estos van a impugnar y si los tribunales confirman lo dictaminado por el IEPC podría ser un factor, pero si se lo revocan la situación se­ría otra.

Si se confirma, se tendría que sustanciarse otro expe­diente en el que se le aplique la reincidencia a la persona, para que sea sujeta a la san­ción más alta que sería la ne­gativa del registro como can­didato o candidata a un cargo de elección popular, añadió.

Otro factor, aclaró, sería el de violencia política en ra­zón de género y Ley la 3 de 3, porque estás si son un requi­sito de elegibilidad.

Precisó que, a raíz de la reforma constitucional del año pasado en la materia, fir­maron un acuerdo con el Po­der Judicial del Estado, para que una vez procesados los 15 mil registros de personas que van a llegar a inscribirse como candidatas o candida­tos, se le dé esa base de datos y determinen quienes tienen una sentencia firme por vio­lencia familiar, doméstica o son deudores de pensión ali­menticia.

“Los nombres que nos dé el Poder Judicial, que estén en ese supuesto, en automá­tico son inelegibles y no van a poder ser registrados como candidatas o candidatos”, aseguró.

Recalcó también que por violencia política en razón de género ya está muy trabajado el registro nacional que tiene el Instituto Nacional Electo­ral (INE).

En Chiapas hay 18 per­sonas que cuentan con sen­tencia firme, pero existe una temporalidad específica, por lo que algunos pueden que­dar liberados del registro y entonces podrían participar.

CACICAZGOS IMPROCEDENTES

Aseveró que el Artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional dice no pue­den ser candidatos o candida­tas cónyuge, concubina, con­cubino, madre, padre, hijo, de los actuales alcaldes o síndi­cos, hasta en cuarto grado de consanguinidad, para evitar cacicazgos.

Sin embargo, manifestó que se puede acudir a los tri­bunales para que sean res­petados sus derechos a ser votados, pero habría que ver el criterio de los magistrados porque son cosas que no abo­nan a la gobernabilidad de los municipios.

LEGALIDAD DE LAS ENCUESTAS

Aclaró que todos los son­deos están sujetos a un linea­miento del INE, y todas las casas encuestadoras tienen que estar registradas en un padrón para que sean legales y no violenten la ley.

Hay un procedimiento para que se acrediten y uno para que hagan formalmente su encuesta, porque se regu­la cómo se va a hacer, con el objetivo de que no sea redi­reccionada por alguien para posicionarse con números que no son reales o mandar mensajes equivocados a la ciudadanía.

Si una empresa quie­re sacar una encuesta debe notificar al INE o al IEPC y dar a conocer el método que utilizará, además, en un término de cinco días poste­riores deberá entregar toda la documentación para que las autoridades electorales verifiquen la certeza de la información.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Informó que este 8 de enero concluye el término para que los interesados en ser candidatos indepen­dientes presenten su carta de intención y el Consejo Ge­neral tiene de plazo hasta el día 12 de enero para declarar la procedencia, en el caso de la gubernatura, y hasta el 16 para las presidencias y dipu­taciones.

El día 7 al 12 de enero se presentarán las solicitudes de coaliciones para la guberna­tura, y hasta el 22 del mismo mes para las diputaciones y ayuntamientos.

Después vienen las pre­campañas y campañas que concluirán hasta el 29 de mayo.