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BALANZA LEGAL

11 de enero de 2024
in BALANZA LEGAL, Opiniones
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“Inicio del proceso electoral 2024 en Chiapas”

Rodolfo L. Chanona/Ultimátum

El pasado domingo 07 de enero, dio inicio el proce­so electoral local ordinario del Estado de Chiapas, con la sesión es­pecial del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), estando presentes en sesión pública su Conse­jera Presidenta Provisional, María Magdalena Vila Do­mínguez y demás integran­tes del Consejo General, así como, los representantes de los partidos políticos nacio­nales y locales que partici­parán en la elección local del Estado de Chiapas que se llevará a cabo el próximo 02 de junio.

En donde a través del voto ciudadano, se elegi­rán 1 542 cargos de elección popular, incluyéndose, la gubernatura del Estado, 40 diputados locales (24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcio­nal), 123 Presidencias Mu­nicipales, 123 Sindicaturas, 546 Regidores Propietarios, 380 Regidores suplentes ge­nerales, 329 Regidores de Representación Proporcio­nal, aunándose a los que se elegirán en Chiapas en la elección federal concurren­te (13 Diputados Federales, 4 Senadores y la Presidencia de la República).

En dicha sesión se con­tó con la participación de todos los integrantes del Consejo General, enfatizan­do la Consejera Presidenta Provisional que, se espera una participación ciuda­dana de aproximadamente 3 942 928 electores en el Estado de acuerdo a la lista nominal con corte del 02 de noviembre del 2023 y de 9 802 personas residentes en el extranjero; previéndose instalar un total de 6 971 Casillas en toda la entidad, más las que correspondan a la modalidad de voto en el extranjero (Postal, Electró­nico, Centros de Votación entre otros).

Operando para su orga­nización, 147 órganos des­concentrados del IEPC (24 Consejos Distritales y 123 Consejos Municipales) que estarán integrados por 1 323 personas que fungirán como consejeros electorales, más los 62 875 funcionarios de las Mesas Directivas de Ca­silla y 2 236 Supervisores y Capacitadores electorales por parte de ese organismo electoral.

Así mismo, la Conseje­ra Presidenta indicó que, el presente proceso electoral deberá estar dotado de las garantías de certeza y lega­lidad que deben prevalecer en todo proceso comicial, señalando que uno de los grandes retos fundamenta­les de ese organismo elec­toral y de todos los partidos políticos en la entidad, es lograr el abatimiento de los niveles de desconfianza y promover una mayor cultu­ra democrática y de partici­pación; haciendo un llama­do a los partidos políticos y a la ciudadanía que vayan a participar en el proceso, se conduzcan con civilidad en la competencia electo­ral y dentro de los marcos de la legalidad, aceptando tanto las victorias como las derrotas.

Por otra parte, el Repre­sentante del Partido Revo­lucionario Institucional Jo­sé Alberto Gordillo Flecha, acertadamente puso en la mesa, las realidades con las que está iniciando el proce­so electoral en el Estado de Chiapas, como es el asesina­to de David Rey González, aspirante del Frente Amplio Por México a la alcaldía de Suchiate, Chiapas, así como, la incompleta integración de las autoridades electo­rales, como es el caso del Consejo General del IEPC, integrado con solo 6 de 7 consejeros electorales, an­te la falta de acuerdos del Instituto Nacional Electoral para nombrar a la Presiden­ta del Consejo General de dicho órgano electoral.

Y la del Tribunal Electo­ral del Estado, funcionando con solo dos de tres magis­trados electorales, ante la falta de voluntad política del Senado de la República para nombrarlo, señalando la serie de irregularidades que se han venido come­tiendo por diversos actores políticos en la entidad que buscan promocionarse pa­ra participar en el presente proceso electoral, con un despliegue de propaganda política ilegal, violentando flagrantemente la normati­vidad electoral.

Temas que desafortu­nadamente harán que este proceso electoral en Chia­pas y en el país, más que una fiesta democrática, sea un reto titánico para la las instituciones democráticas y la ciudadanía; los cuales, deberán armarse de valor y patrióticamente deberán asumir su deber democrá­tico que le corresponde, tomando las riendas del proceso para coadyuvar conjuntamente e impedir que los poderes fácticos que actualmente se encuentran en el poder, desmantelen el desarrollo institucional que se ha construido en los úl­timos años para el bien del país.

Porque es innegable que ha este proceso electoral in­éditamente, se ha llegado con autoridades electorales incompletas en su integra­ción y mermadas en su pre­supuesto público, poniendo en riesgo la operatividad de las mismas y la elección.

Toda vez que, hay que recordar que desde el año 2021, falta el nombramiento de 22 magistrados electora­les locales en 18 entidades federativas (Baja California Sur, Colima, Chiapas, Ciu­dad de México, Estado de México, Guanajuato, Gue­rrero, Michoacán, More­los, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán, Tamaulipas y Jalisco).

Así mismo, la Sala Supe­rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe­deración (TEPJF), máxima autoridad del país en la ma­teria, cuenta solamente con cinco de los siete magistra­dos con los que debería con­tar y vive conflictos internos que ponen en duda la legi­timidad de sus decisiones, así mismo, hace falta nom­brar a cinco magistrados de Salas Regionales de dicho tribunal.

El Instituto Nacional Electoral hasta el mes de diciembre del año pasado, no ha podido llegar a un consenso para nombrar a nueve funcionarios electo­rales clave, entre ellos quién vaya a ocupar la Secretaría Ejecutiva.

En el caso de Chiapas, como se ha mencionado, al no haberse nombrado a la Consejera Presidenta del instituto, esta función se encuentra a cargo de la Dra. Magdalena Vila como Consejera Presidenta Pro­visional, a quién se le ha depositado toda la confian­za, para llevar a cabo esta elección a buen puerto, de la cual no dudamos que, con su experiencia y formación profesional, podrá condu­cir al Consejo General y los trabajos de organización de la elección, a través de actos dotados de certeza y legali­dad, redundando en benefi­cio de los chiapanecos.

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