Los riesgos son una constante, porque los factores externos cada vez están jugando un papel más influyente y preponderante.
Los procesos electorales se han profesionalizado. Están en manos de personajes que han ganado experiencia y que se han especializado.
A esto sumemos una de las grandes virtudes del sistema electoral: los votos son contados por los ciudadanos y son ellos quienes lo organizan el día de la elección.
También hemos avanzado, porque en lo general los partidos se han comportado civilizadamente y tienden a respetar las reglas. En el 2006 vivimos uno de los momentos más críticos. Todo estuvo a prueba, porque el desarrollo de la elección provocó una gran cantidad de dudas las cuales a la fecha siguen estando entre nosotros.
El problema no pasó, aunque se insiste en ello, por el INE. El TEPJF reconoció que se habían presentado una serie de irregularidades, las cuales no estaban contenidas en las leyes. Quedó claro que la mano de Vicente Fox fue importante para que Felipe Calderón ganara la Presidencia. Esta experiencia llevó a una serie de cambios en las leyes, lo cual nos llevó a un 2012 y un 2018 más pausado sin que por ello hayan existido irregularidades.
Los problemas en las elecciones en la mayoría de los casos se debe a la forma como actúan los actores políticos y a factores externos, pero es un hecho que el árbitro ha cumplido con creces su labor.
Recordemos de nuevo que López Obrador si bien ganó con los votos de sus millones de seguidores, lo pudo hacer por el marco legal en que se desarrollaron las elecciones, las cuales recordemos no empiezan y terminan sólo con el día de la votación.
Los riesgos son una constante, porque los factores externos cada vez están jugando un papel más influyente y preponderante. El dinero fuera de las campañas, en muchos casos la poca transparencia de candidatos en la materia y el jugueteo que por debajo de la mesa llevan a cabo los partidos son un factor que para la propia autoridad es muy difícil controlar e incluso medir.
El riesgo mayor en esta elección está en todo ello, que a pesar que se tiene contemplado en la ley, hay resquicios los cuales es casi imposible conocer. Donde el problema es mayor es en la presencia de la delincuencia organizada. No tiene sentido minimizarla, porque hay pruebas evidentes del papel que asume ante la pasividad y temor de las autoridades locales.
En Guerrero, Michoacán y Sinaloa, por mencionar algunos estados, en las pasadas elecciones del 2018 lograron influir en muchos sentidos. Estuvieron presentes en muchos casos en la elección de candidatos, también lo hicieron en el apoyo que les convenía e influyeron en la ciudadanía para presentarse en las urnas y decirles por quién votar; Morena debe tener particular cuidado, porque lo sucedido tuvo que ver con sus candidatos.
Minimizar todo esto puede ser ocasión de riesgos y consecuencias mayores. La delincuencia organizada sigue ganando espacios, como lo ha venido haciendo de manera paulatina en diferentes estados del país desde hace ya varios años. Les interesa colocar funcionarios para influir, pero no necesariamente les interesa acceder al poder.
Quieren seguir haciendo del negocio delincuencial su forma de vida y lo que buscan es tener hombres y mujeres afines que les permitan, en la medida de las posibilidades, moverse a sus anchas.
La empatía que en muchas comunidades se está teniendo con los cárteles de la droga nos puede llevar a que muevan todos sus intereses para votar por uno u otro candidato. No son casuales las entregas de regalos navideños o comida por parte de los cárteles, lo hacen para estar y, sobre todo, para hacerle ver a las comunidades quién está del lado de ellos.
La elección más grande de la historia no debe dejar de contemplar este riesgo, porque desde ahora sería entregar más espacios a la delincuencia organizada.
