Se empieza a convertir en una seria preocupación ante el riesgo de que lleguen a complicar el proceso electoral.
La desdeñada, minimizada o de plano negada violencia que se ha recrudecido desde finales del año pasado y a principios del que comienza, en que habrá las elecciones más grandes de la historia, a lo largo y ancho de la República, se empieza a convertir en una seria preocupación ante el riesgo de que lleguen a complicar ese proceso y hasta impedir su realización en comunidades y municipios de entidades en las que el control del crimen organizado y sus cárteles, es de sobra sabido.
Día a día y semana a semana, en todo el territorio nacional se registran asaltos y ejecuciones en carreteras, presuntamente bajo vigilancia del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones policíacas federales y estatales, o enfrentamientos entre éstos y habitantes de poblados que los acusan de que en su propia presencia el crimen invade y se apropia de sus tierras, o vuelven a registrarse bloqueos y quemas de vehículos, como ayer, nuevamente en municipios de Tabasco, como Macuspana.
Para impedir que grupos criminales invadan y se apropien de sus tierras, habitantes de la sierra de Chicomuselo, las cercaron y evitaron que soldados del Ejército ingresaran a ellas, igual que lo hicieran hace unas semanas en las que se originó un enfrentamiento, al acusar a los militares de proteger a aquéllos y de “no hacer nada porque operan frente a sus ojos”.
Alarmantes, esas fotos que circulan en redes sociales sobre el resquebrajamiento de las pilas de concreto y acero sobre el cenote Dama Blanca y la cueva sepultada El Escondrijo, bajo la ruta del Tren Maya, en el tramo 5 Sur Playa del Carmen-Tulum, ante el riesgo de un desplome que podría originar una tragedia.
Xóchitl Gálvez le xige al Presidente López Obrador que se den a conocer los contratos de esa obra otorgados sin licitación alguna, que ha costado, hasta ahora, 500 mil millones de pesos, construida a toda prisa, “inaugurada” y reinaugurada sin terminar y con fallas.
Claudia Suárez fue designada Secretaria Ejecutiva del INE, que es el área más importante de ese organismo que preside Guadalupe Taddei, quien, por fin, nombró a cinco funcionarios más, entre ellos a Amaranta Arroyo como encargada de la Dirección Ejecutiva, y a Roberto Carlos Félix, en la del Servicio Profesional Nacional.
Lo que faltaba: la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, propuso la desaparición de este organismo y crear una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, porque el que preside “ya no responde a las necesidades del pueblo”, cuando la que nunca ha respondido es ella, al frente de la misma.
