El crimen organizado intervendrá –como nunca antes– en las elecciones locales de 2024: rimer Reporte de Violencia Política.
✍?Alejandro Moguel
El Primer Reporte de Violencia Política, Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales, 2024, revela que Chiapas figura entre las seis entidades federativas con “riesgo muy alto” de violencia político electoral. Las otras cinco con esas mismas proyecciones son: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Morelos.
Con “riesgo alto” aparecen nueve estados más: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
Ese reporte está respaldado por la prestigiosa firma Integralia Consultores, cuyo director general es Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE. Se trata de una empresa de consultoría en asuntos públicos, riesgo político y conflictividad social. Sus propósitos son ayudar a empresas, gobiernos e instituciones a entender el entorno y aprovechar oportunidades y, de manera más general, coadyuvar al desarrollo democrático de México.
El resumen ejecutivo de este trabajo de investigación indica que el crimen organizado interviene en las elecciones mediante: I) asesinatos, agresiones y amenazas contra funcionarios públicos y aspirantes, II) financiamiento a campañas, III) imposición de candidaturas, IV) movilización o inhibición del voto, y V) alteración de la votación en casillas.
Añade que el crimen organizado intervendrá –como nunca antes– en las elecciones locales de 2024 por tres motivos: I) una gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado, II) la proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, y III) la mayor cantidad en la historia de presidencias municipales en disputa.
Las entidades con mayor riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales cuentan con: I) acumulación de mercados ilícitos, II) grupos criminales en conflicto armado, III) un Estado de derecho débil, IV) celebración de elecciones municipales, y V) municipios clave para el crimen, altamente competitivos.
Se identifican seis entidades con un riesgo muy alto: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua,
Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. En el proceso electoral federal, iniciado en septiembre del año pasado, este trabajo encontró que siete candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados: Ricardo Taja Ramírez, aspirante a alcalde de Acapulco por Morena; Alfredo Giovanni Lezama, aspirante a diputado local del PAN en Guerrero, por Morena; David Rey González quería ser candidato a la presidencia municipal de Suchiate, del PRI; Sergio Hueso, aspirante a alcalde de Armería, Colima, por MC; Miriam Noemí Ríos, aspirante a regidora en Michoacán, por MC; Samantha Gómez Fonseca, aspirante a senadora en Ciudad de México, por Morena; Marcelino Ruiz, aspirante a alcalde de Atlixcac, Guerrero, por el PRD; y Jaime Vera Alanís, aspirante a alcalde de Mascota, Jalisco por el PVEM. (Estos datos fueron al corte de las 12:00 horas del 07 de febrero de 2024).
”Los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos valiosos (como la colaboración de policías) para: I) operar con plena impunidad, II) diversificar sus actividades, y III) neutralizar a sus rivales.
“La captura de los gobiernos municipales puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales ofrecen la oportunidad de instaurar o prolongar la autoridad criminal desde el principio de las nuevas administraciones.
“Al menos, existen cinco mecanismos, muchas veces complementarios, a través de los cuales los grupos criminales intervienen en las elecciones: Violencia política: amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios públicos, precandidatos o candidatos, para obligarlos a cooperar o eliminarlos. Es el mecanismo más visible.
“Financiamiento de campañas: aportación de recursos económicos para costear las campañas de sus candidatos.
“Imposición de candidatos: injerencia en el proceso de definición de candidatos al interior de los partidos políticos para postular a personas vinculadas con los grupos criminales.
“Movilización o inhibición del voto: entrega de despensas, dinero en efectivo, así como amenazas o agresiones a la población, para incrementar o disminuir la votación para beneficiar a candidatos vinculados con grupos criminales.
“Intervención en casillas: destrucción de boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazas y agresiones al personal electoral, para beneficiar a candidatos vinculados a grupos criminales.
En sus reflexiones preliminares, el reporte apunta que “Aunque es posible reducir los riesgos de violencia político-electoral para funcionarios públicos, aspirantes y partidos políticos en el mediano plazo, en la actualidad las autoridades electorales, las instituciones de seguridad pública y los tribunales judiciales, carecen de las capacidades para frenar significativamente la intervención del crimen organizado en las elecciones.
Si la inercia se mantiene, en los siguientes años incrementará la incidencia delictiva de alto impacto social, incluyendo la extorsión y el cobro de piso y habrá más territorios en donde los grupos criminales controlen las economías locales, así como toda clase de actividades políticas y sociales.
El reporte de Integralia agrega algunas ideas que podrían ayudar a recuperar los territorios.
“Todos los niveles de gobierno deben reconocer que el crimen organizado ya manda en varios territorios e incluir dicho problema, en esos términos, dentro de sus agendas. De este modo, podrán formularse leyes, instituciones, programas, acciones y otros instrumentos necesarios para afrontarlo.
“El Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de combatir a los grupos criminales con eficacia, no sólo a través del fuerza militar, sino también cortando todas sus fuentes de ingresos, desarticulando sus sistemas de inteligencia y quitándole sus bases sociales.
“Desalentar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Para esto, se requiere flexibilizar la carga de la prueba de anulación de elecciones, de tal forma que todo indicio de intervención del crimen, en cualquiera de sus modalidades, derive en una investigación de oficio de las autoridades electorales que sirva de prueba para anular el proceso antes o después de la elección”.
alexmoguels@hotmail.com
