Denuncian que no atiende a las personas y por eso hay más de 800 migrantes varados.
✍?Juan Manuel Blanco
Una veintena de organizaciones que conforma el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, denunció las violencias que viven las personas en contexto de movilidad y con necesidades de protección internacional que están cerca del Río Suchiate en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Alrededor de 800 personas en campamentos están a la espera de respuesta por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), sobre su traslado a Tapachula o Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la documentación hecha en las inmediaciones del afluente, las personas son obligadas a esperar hasta siete días en obtener respuestas por parte del INM y poder ser trasladadas hacia Tapachula o Tuxtla Gutiérrez.
Durante este tiempo, no reciben ningún tipo de asistencia y, en tanto, han tenido que instalar campamentos. Se identificaron hasta 80 tiendas de campaña en esta área, habitadas principalmente por familias con niñas y niños de primera infancia que, ante la falta de protección y atención de las autoridades correspondientes, se ven forzadas a utilizar agua no apta para consumo humano, tanto para hidratarse y preparar alimentos, como para la higiene personal. Asimismo, no cuentan con acceso a servicios médicos y medidas de seguridad.
Señalaron, el personal del INM no brinda atención e información oportuna a las familias del campamento y de acuerdo a los testimonios de las mismas, los agentes se burlan constantemente de ellas, al ser confusa o falsa la información proporcionada y, en general, predominan los tratos violentos y discriminatorios.
En conjunto, esto imposibilita que puedan dar seguimiento a sus procesos migratorios.
La falta de respuesta de las autoridades para el acceso a procedimientos efectivos de regularización que respondan a las necesidades de las personas, así como la presente carencia de infraestructura apropiada, la exposición a condiciones climáticas adversas, la prevalencia de enfermedades regionales como el dengue y zika, sumadas a la ausencia de servicios sanitarios básicos, acceso a agua potable, electricidad y de seguridad pública, reflejan la omisión del Estado y dejan en una desprotección total y en un ambiente de violencia, equiparable a condiciones que, en suma de factores, pueden considerarse entornos de tortura.
La persistencia de estas situaciones es responsabilidad directa del Estado mexicano, en tanto son consecuencia de la política migratoria mexicana, centrada en la contención y detención de las personas migrantes, así como la demora excesiva, deliberada y arbitraria de procesos de regularización migratoria.
