Carlos Loret de Mola, se tuvo que presentar ante un juez, por la acusación de daño moral que le hiciera Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.
✍🏽Armando Ríos Piter
Una de las noticias que mayor realce tuvo a lo largo de la semana pasada fue la audiencia en la que Carlos Loret de Mola, se tuvo que presentar ante un juez, por la acusación de daño moral que le hiciera Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Tras el careo que duró más de ocho horas, el periodista aseguró que Pío, “aceptó que recibió dinero y que son verdaderos los videos en los que aparece recibiendo sobres con efectivo”. Ante la exigencia de que el comunicador lo indemnice con 200 millones, el demandante Pío, afirmó que “quedó demostrada su inocencia y que no es un ataque a la libre expresión”.
Todo indica que no habrá castigo para el hermano del presidente, por un hecho presumiblemente delictivo: recibir recursos, probablemente públicos, provenientes del gobierno chiapaneco. Situación que fue expuesta desde agosto del 2020. El asunto ha girado a sentar en el banquillo de los acusados a quien presentó la noticia.
Cabe recordar que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. En su segundo párrafo, añade que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Adicionalmente, en el artículo 7º, también de la CPEUM agrega que: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos”. El segundo párrafo se puntualiza que “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución”.
En este contexto, Loret de Mola ha publicado en su columna: “Esta demanda exhibe una de las armas de las que ha echado mano el presidente de México para tratar de silenciar a los periodistas. El presidente no ejerce su derecho de réplica. No desmiente la información porque no puede. Entonces insulta, revela los datos personales de quien lo incomoda, (…) invita a sus huestes al linchamiento y la persecución (…) Hoy el régimen me sentó en el banquillo de los acusados (…) Es una venganza. Es también el mensaje de López Obrador a todos los periodistas: atrévanse a cuestionarme, y ya saben cómo les va, bájenle dos rayitas”.
En una sociedad que aspira a ser democrática, donde se busca que las instituciones defiendan los derechos humanos, debe preocuparnos a todos, que la libertad de expresión y de acceso a la información, se pongan en riesgo.
Sin embargo, por su relevancia, este episodio también debería servirnos para identificar nuevos ángulos hoy que ha cambiado de manera dramática y que requieren una pronta evolución de nuestras instituciones, precisamente para preservar los derechos protegidos por la CPEUM.
El avance tecnológico, la velocidad con la que se difunde una noticia y la manera en la que la hiperconectividad genera percepciones masivas en cuestión de segundos, son los enormes retos que hoy enfrenta nuestra sociedad cuando de información se trata. ¿Qué pasaría si verdaderamente no fuera Pío López Obrador el que es exhibido recibiendo dinero en dicho video? La pregunta es válida, si tomamos en cuenta que la Inteligencia Artificial hoy permite modificar audios y videos con una facilidad jamás antes pensada. ¿Valdría igual la libertad de expresión de Loret de Mola?
El punto es que, en tanto no evolucionen nuestras instituciones y consensos sociales para verificar cualquier tipo de información que hoy nos llegue, quienes cometan delitos, podrán quedarse con su propia versión de los hechos, sembrar una narrativa parcial de los mismos e incluso imponerla masivamente.
Sirvan estas consideraciones para recordar que la #SociedadHorizontal debe defender a ultranza la libertad de expresión y de acceso a la información, no obstante, lo debe hacer desde una óptica consciente de los enormes retos prevalecientes y de la necesidad imperiosa de que nuestras instituciones evolucionen para garantizar que todos y todas creamos en dicha defensa.
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