Señalan que se tendría que legislar para que no haya que esperar a que los violentadores tengan una sentencia penal.
✍🏽Alfredo Pacheco
Paulina Conde, integrante del Comité 3 de 3 capítulo Chiapas, comentó en entrevista que ante el posible registro de violentadores como candidatos en el proceso electoral se usen las “anti boletas” para evitar que lleguen a los puestos de elección popular.
“Las anti boletas son estás boletas en las que se hace visible que fulano de tal, candidato a la presidencia municipal o una diputación, es un deudor alimentario, que es un agresor, que es un abusador, un violentador o violador para que si no jurídicamente, al menos si públicamente y mediáticamente se exponga que, aunque no tenga una sentencia pues no debería estar ocupando esa posición”, expuso.
Señaló lo anterior luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le permitiera a un funcionario público municipal que había sido sancionado como violentador por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas se inscribiera como candidato en el Proceso Electoral Local Ordinario (2024).
“Sí tiene que haber una sentencia de por medio, el único estado que no necesita una sentencia es Yucatán para no darle pues ese derecho de ser candidato; y cuando digo que tiene que haber una sentencia es que obviamente ya tenga una sentencia ante los juzgados”, sostuvo.
Precisó que aun cuando esta persona que tiene una sanción y está inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, como acudió al TEPJF y este le dijo que sí puede participar porque no basta con la sanción del IEPC.
Destacó que al existir una resolución de la Sala Superior del TEPJF en ese sentido, el IEPC no le puede negar su inscripción como candidato aún cuando haya sido sancionado por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Agregó que si bien la ‘Ley 3 de 3’ ya se elevó a rango constitucional en Chiapas, aún falta mucho por hacer, pues se tienen que realizar una serie de adecuaciones a los procesos administrativos de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal.
