Ante estas preocupaciones, la #SociedadHorizontal debe involucrarse y exigir, especialmente al aparato jurisdiccional, que brinde certidumbre y claridad.
✍🏽Armando Ríos Piter
La semana pasada transcurrió con varias noticias relevantes generadas en el Congreso de la Unión. Dos de ellas, son especialmente importantes para entender, tanto el contexto presupuestal en el que cierra la actual administración, como la visión del grupo en el poder sobre el equilibrio de poderes.
En primer lugar, hay que destacar la aprobación que hicieron Morena y sus aliados, a las modificaciones de ley relacionadas con las pensiones en el país. En segundo término, las que tienen que ver con el juicio de Amparo.
Sobre la primera, tras haber sido votada a favor en la Cámara de Diputados, el Senado de la República concretó la creación del “Fondo de Pensiones para el Bienestar”.
La reforma obliga a las Afores a transferir al citado Fondo, “los recursos de los trabajadores a partir de los 70 años de edad que no hayan solicitado la devolución de los saldos de sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vivienda”, ha habido quienes han equiparado esta decisión con un “robo”, toda vez que la “expropiación” de unos 40 mil millones de pesos de cuentas individuales del IMSS y del ISSSTE, implica una afectación directa a hombres y mujeres que serían lastimados en su patrimonio.
En torno a este tema, se han levantado diversas críticas, dado que ni el gobierno, ni los grupos parlamentarios oficialistas, presentaron estudios actuariales que dieran cuenta del impacto de tal decisión. Tampoco fueron entregadas proyecciones, sobre el impacto futuro en las finanzas públicas. Adicionalmente, varios analistas han enfatizado que, aunque el gobierno insiste que, todos los jubilados lo harán con su último sueldo completo, es decir, al 100%, el fraseo que fue votado determina que solo lo recibirán “los que ganen hasta 16 mil 777 pesos”, los que perciban más, en realidad recibirán menos.
La sensación que queda es que la decisión es más un tributo electoral, que una medida consciente, que busca que AMLO y Morena presuman su “logro histórico” el próximo 1º de mayo, de cara a las elecciones presidenciales. La afectación a personas que tienen “nombre y apellido”, ha sido calificada por muchos, como un acto autoritario de los poderes legislativo y ejecutivo. Habrá que ver que dice al respecto el poder judicial.
Un segundo tema que levantó amplias críticas, fueron los cambios realizados a la Ley de Amparo, debido a los cuales se “prohiben las suspensiones con efectos generales contra leyes; esto significa que los jueces no podrán detener obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a la Constitución, hasta que la norma modificada se declare inconstitucional”. Así, las modificaciones derogan el artículo 129 y modifican el 148 para establecer que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten, fijarán efectos generales”.
La oposición ha declarado que los citados cambios “son totalmente ilegales”, por lo que acudirán ante la Suprema Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad.
Más allá de lo que decida el Poder Judicial, habrá que tener en cuenta lo siguiente:
Los cambios efectuados la semana pasada, son sumamente trascendentes, tanto por su impacto económico, como por su significado para los contrapesos en la vida republicana. Preocupa enormemente que hayan sido votados sobre las rodillas. La discusión atropellada y la votación “fast track”, ha generado más dudas y suspicacias que certezas.
Con respecto a las pensiones, ¿se trata sólo de un albazo para configurar una bandera electoral? o peor aún, ante la astringencia presupuestal, ¿se trata de un engaño gubernamental, para utilizar esos 40 mil millones de pesos en otros rubros? Lo anterior debido a que expertos en materia de salud, han puntualizado que, el gobierno podría intentar utilizarlos para darle respiración de “boca a boca” al colapsado sistema de salud.
Las limitaciones al juicio de Amparo, podrían convertirse en afectaciones graves a los derechos humanos, no solo del gobierno federal, sino de gobiernos estatales y municipales. ¿Es acaso éste el inicio de una escalada autoritaria? ¿Se trata del primer escalón de lo que buscaría Morena después de las elecciones?
Ante estas preocupaciones, la #SociedadHorizontal debe involucrarse y exigir, especialmente al aparato jurisdiccional, que brinde certidumbre y claridad en estos temas, toda vez que la conducción política no lo ha logrado, ni en el Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo.
riospiter2018@gmail.com
